revés judicial

Las venezolanas que demandaron a PIP por las prótesis no tuvieron suerte

Un tribunal de Justicia rechazó el pedido de las 500 víctimas que utilizaban en su cuerpo los productos siliconados de la empresa. Igualmente, apelaron la medida.

Una de las prótesis de la discordia.
Unas 500 venezolanas recibieron un fuerte revés judicial cuando la jueza Carolina García Cedeño rechazó su pedido de indemnización por las fallas de las prótesis mamarias PIP.

La magistrada "declaró desistido el recurso por ausencia de (una de) las partes" durante una audiencia celebrada el miércoles y a la que la parte demandante no fue convocada "oportunamente", manifestó el sábado a la AFP el abogado Gilberto Andrea, representante de centenares de venezolanas portadoras de los implantes mamarios PIP.

Andrea explicó que la causa "no está cerrada ya que la sentencia no es firme" porque la impugnó. Introdujo "una solicitud de avocamiento ante el Tribunal Supremo de Justicia" para que éste asuma el caso y desestime la decisión tomada por la jueza.

Además, señaló que pedirá "la destitución de García Cedeño porque violó el sagrado derecho a la defensa al llevar a cabo una audiencia de juicio en ausencia de la parte demandante y permitiendo a los demandados exponer sus alegatos sin un contrapeso".

Andrea presentó en enero un recurso de amparo contra los comercializadores de las prótesis PIP en Venezuela, patrocinando a unas 500 demandantes, a las que se fueron sumando más portadoras de estos implantes sospechosos de provocar cáncer.

En esa demanda, se exigía a las comercializadoras que asumieran los costos de la extracción de los implantes y de la colocación de otros nuevos de calidad.

Sin embargo, las empresas demandadas negaron ser "responsables de los procedimientos y productos utilizados por el fabricante Poly Implant Prothese" (PIP), ni de "las consecuencias derivadas de los defectos de fábrica de unos productos certificados por las autoridades sanitarias francesas".

Las compañías Galaxia Médica, Multindustrias Médicas Multimed, Locatel Servicios, Farmacias Locatel y Locatel Franquicias consideraron en un comunicado que la acción judicial en su contra era "infundada" y destacaron que contaban con los permisos sanitarios necesarios para la venta de las prótesis.

Tras el escándalo mundial que estalló en diciembre por los potenciales efectos cancerígenos de los PIP, el Gobierno venezolano anunció que retirará los implantes sin costo a las mujeres que lo soliciten. Según el ministerio de Salud, unas 33.000 mujeres son portadoras de las prótesis en este país, donde se realizan unas 40.000 mamoplastias de aumento al año.

PIP, que en 2010 quebró ante reiteradas denuncias de rupturas de sus prótesis, producía 100.000 implantes al año y exportaba casi el 84% de su producción, sobre todo a Sudamérica, España y Gran Bretaña.

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