El diputado Edgard Rodríguez ante el conflicto que se generó por la unificación de la Oficina de Catastro y Administración Tributaria Mendoza (ATM), presentó un proyecto de ley, solicitando que la provincia construya oficinas para distintas reparticiones de su jurisdicción que funcionan en locales alquilados, en el predio de Vialidad Provincial, que ubica en la manzana comprendida por calle Independencia, Emilio Civit, Maza y Comandante Torres de San Rafael.
Fundamentalmente, la iniciativa del legislador es que San Rafael es sede de numerosas delegaciones de reparticiones direcciones y ministerios provinciales; delegaciones que tienen jurisdicción en los tres departamentos del Sur provincial en la mayoría de los casos, lo que evita el traslado de todos los habitantes de General Alvear, Malargüe y el propio San Rafael a la Capital, para realizar trámites.
Apuntó también que gran parte de esas delegaciones funcionan inmuebles alquilados, cuyo canon locativo suele ser muy elevado en virtud de que las condiciones requeridas para prestar un servicio adecuado exigen, en general, inmuebles de grandes dimensiones y céntrico. Tal situación representa para las arcas provinciales un importante desembolso mensual que podría ahorrarse en caso de contar con instalaciones propias.
En estas condiciones funcionan las Delegaciones de ATM, Catastro, Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, dependencias de Desarrollo Social, Delegación de Dirección General de Escuelas, Delegación de Fiscalización y Control entre otras. Este estado de cosas conlleva la permanente búsqueda de inmuebles y el traslado de instalaciones, mobiliario, y expedientes, que conlleva riesgos de pérdida de información y/o documentación.
Actualmente en la Delegación de Dirección Provincial de Catastro, se atiende el 50% del padrón del territorio provincial, allí realizan sus consultas los profesionales del Colegio Notarial, Agrimensores, Corredores Públicos, Abogados, Contadores, personas.
El 31 de agosto pasado, se venció el contrato de las oficinas que Catastro ocupaba y, siendo imposible concretar el alquiler de unas nuevas que cumplieran con lo requerido por el servicio, fue necesario desalojar la antigua locación, debiendo trasladarse todos los elementos que contenía a la Delegación de la ATM, la que, por supuesto, no tiene la capacidad edilicia para anexar a otra repartición.
Todo esto ocasionó que Catastro esté paralizado desde hace unos días, debido a que no se han instalado todas las computadoras esto, el malestar entre todos los empleados por el hacinamiento y la falta de espacio que ocasiona muchos inconvenientes.
Además, varios organismos desarrollan sus actividades en el edificio del Ex banco Mendoza, hoy de propiedad estatal, como Registro Civil, Dirección de Personas Jurídicas, Policía Comunitaria y Recursos Naturales Renovables, edificio que además alberga el ECA San Rafael. Este inmueble es completamente inadecuado. Por otra parte, a cinco cuadras del kilómetro cero de la ciudad de San Rafael, se encuentra la Delegación Zona Sur de Dirección Provincial de Vialidad, cuyas dependencias ocupan una manzana irregular, entre las calles Emilio Civit, Maza, Comandante Torres e Independencia. Es vecina de los edificios del Hospital Público Teodoro J. Schestakow y del Palacio de Tribunales, con la ventaja, que pasan distintas líneas de colectivos.
Asimismo debe considerarse que hace ya varios años que la Delegación de la DPV sólo cuenta con algunos vehículos menores (camiones o camionetas) debido a que las mayoría de obras significativas que realiza esta Dirección no se realizan por administración sino a través de contratación y tercerización.
Es evidente entonces que, existiendo carencia de edificios para algunas reparticiones, por una parte, y, por la otra, un espacio acorde a las necesidades, que podría adecuarse con una inversión menor, debe impulsarse la planificación y construcción de las dependencias necesarias para albergar a la mayor cantidad de dependencias posibles.
La inversión en la construcción de un edificio de estas características generaría un enorme beneficio, no solo para el Estado provincial, sino para toda la ciudadanía, ya que en un solo edificio podría contar con una especie de centro cívico que concentraría a gran parte de la administración pública provincial y el ahorro en alquileres, el mejoramiento tecnológico de todas sus oficinas al centralizar toda la infraestructura provincial en un solo lugar.