Propuesta del gobernador

Presos a trabajar: el Procurador de los detenidos celebró la iniciativa de Cornejo

Fabricio Imparado, procurador de las Personas Privadas de la Libertad, afirmó que existe una ley nacional que obliga a los reclusos a trabajar.

El gobernador Alfredo Cornejo anunció este viernes que está trabajando con su gabinete en un proyecto para obligar a los presos a trabajar para devolver "lo que el Estado invierte en ellos". El procurador de las Personas Privadas de la Libertad de Mendoza, Fabricio Imparado, celebró la iniciativa del mandatario y sostuvo que es "lo ideal" que trabajen los detenidos y explicó que existe una ley nacional que obliga a los reclusos a hacerlo.

Fabricio Imparado, procurador de las Personas Privadas de la Libertad. Foto: Axel Lloret.

En diálogo con Sitio Andino, Imparado explicó que la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad prevé que el trabajo se contempla como un derecho y un deber dentro de lo que es el régimen de ejecución de la pena, "tal es así que hasta propone que se lo sancione al recluso que no trabaja".

En este sentido resaltó que no es necesario elaborar ninguna normativa nueva sino aplicar la ley que existe desde hace 20 años y que la sociedad nunca ha logrado poner en práctica.

"Es lo ideal que trabajen los detenidos, es lo ideal que exista oferta laboral, es una de las herramientas más interesantes que existen en lo que es la inserción social o laboral, lo mismo que la educación, son dos patas que son fundamentales. Me parece fantástica la propuesta, yo siempre he sido un militante de que los presos tienen que trabajar y hemos ofrecido colaboración tiempo atrás para ver cómo podemos encontrarle la vuelta", sostuvo el procurador de las personas privadas de la libertad.

Por otra parte, el abogado señaló que la norma también establece cómo será la remuneración del detenido. El 25% de lo que debería cobrar pasa a manos del Servicio Penitenciario para devolver los gastos de alojamiento, el 10% se destina a la víctima o familiares de la víctima del delito que cometió, el 35% va a la familia del preso y el 30% restante se acumula en una cuenta bancaria a la cual tendrá acceso el detenido cuando cumpla con la pena.

Sobre este punto, el gobernador deslizó que la intención es que el Estado no pague los sueldos de los presos. Al respecto Imparado remarcó que es "muy difícil pagar sueldos de 4.000 personas cuando el Estado está en la situación que está" por lo que hay que buscar alternativas para que el detenido pueda trabajar y generar un ingreso.

El procurador aseguró que es fundamental que los presos se organicen en unidades productivas autosustentables que produzcan bienes y servicios que se puedan vender fuera del penal y generar el menor costo al Estado. "No se pretende que el Estado salga a pagarle el sueldo a 4.000 personas", resaltó.

Actualmente existe un porcentaje muy bajo de presos que trabajan en la provincia. En la mayoría de los casos se trata de trabajos informales que se realizan por convenios entre los penales y el Estado o un par de empresas privadas.

"Es una creencia equivocada que al detenido le gusta estar ocioso. La verdad es que no es tan así, es bastante complicado pasar años de condena sin hacer absolutamente nada", concluyó Imparado.

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