La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) denunció ante la Justicia de Familia y la Fiscalía de Estado la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes por parte del Estado provincial. Asimismo desde el gremio solicitaron a la Comisión Bicameral de la Niñez y Adolescencia de la Legislatura que se los convoque para participar de la redacción de la nueva ley provincial que regula la protección de los menores y que actualmente está en debate.
Ampros realizó una presentación judicial ante la Fiscalía de Estado y el Juzgado de Familia ya que aseguran que existen "situaciones de vulneración de derechos por parte del Estado Provincial en el marco del cumplimiento de la Ley 26.061 de Niños, Niñas y Adolescentes" a raíz del funcionamiento de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf).
La denuncia hace hincapié en el exceso poblacional y crecimiento exponencial de los casos, la falta de infraestructura edilicia y la falta de personal, lo que, afirman, "hace imposible asegurar la protección de la población afectada por ausencia de recursos pertinentes para ello".
Claudia Iturbe, secretaria gremial de Ampros.
Claudia Iturbe, secretaria gremial de AMProS, destacó que "además, denunciamos falta de presupuesto, de movilidad, de conformación de equipos, desproporción de casos en función de la cantidad de profesionales asignados, protocolos errados y deficiente infraestructura".
Las denuncias sobre las falencias en la Dinaf no son algo nuevo. Desde hace años que los trabajadores de este organismo han revelado los problemas que tienen al interior y la falta de acción de parte de los funcionarios. De hecho, hace unas semanas, el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea) denuncio inconvenientes en esta dependencia.
Por otra parte, Ampros solicitó ante la Bicameral de Niñez y Adolescencia que se les permita participar a los profesionales integrantes de los equipos interdisciplinarios de la Dinaf en la redacción de la adaptación de la Ley Nacional a la Provincial, una inciativa que actualmente está en debate en la Legislatura.
Desde el gremio sostuvieron que son los los trabajadores quienes "aplican y sufren las deficiencias de políticas y presupuestos inadecuados para la protección y promoción de los derechos de la infancia".
