La reforma a la Ley del Ministerio Público Fiscal tuvo media sanción este miércoles, en la Cámara de Diputados, y se espera que la semana que viene el Senado lo transforme en ley. Esta modificación planea dotar de autonomía al organismo comandado por el jefe de los Fiscales, Alejandro Gullé, para que maneje y establezca su propio presupuesto anual; como así también dar un paso hacia la creación del Ministerio Público de la Defensa, separándola así del Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo, tomó revuelo nacional la modificación al artículo 7, llamada incluso "cepo judicial", que establecía la imposibilidad de los periodistas de comunicarse con los fiscales de instrucción en los primeros momentos de la investigación a un caso.
Desde el Gobierno provincial intentaron, sin éxito, llegar a un consenso con la oposición, por lo que decidieron dar marcha atrás a los cambios, por lo que quedará tal cual estaba en la Ley 8008 antes de la modificación.
El artículo actual, y que quedará redactado así, dice que "los integrantes del Ministerio Público deberán dar información del ámbito de su competencia, salvo cuando ello afecte la privacidad o la seguridad de las personas, o los asuntos públicos que requieran reserva, o comprometan la eficacia y el trámite de las investigaciones en curso".
No obstante, la modificación presentada por el radicalismo agregaba que la información se proporcionaría "a través de las dependencias habilitadas al efecto por la Procuración General". Este punto fue cuestionado no sólo por los partidos de la oposición, sino también por el Sindicato de Prensa de Mendoza (SIPREMEN); y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). La crítica residía en una evidente limitación por parte de los periodistas a acceder a las fuentes primarias, como es el caso de un fiscal.
Por su parte, Gullé y el mismo gobernador, Alfredo Cornejo; aseguraron que la reforma no buscaba cercenar la información a la prensa, y que por el contrario el objetivo era que los fiscales no fueran molestados por los llamados de los periodistas. Por consiguiente, sería la oficina de prensa de la Procuración, la que daría una única información centralizada a los medios de comunicación.
Este martes por la noche, incluso, el radicalismo presentó una nueva redacción del artículo 7, que decía que "sin perjuicio de estas restricciones -dar información salvo que afecte la privacidad o seguridad de las personas, o la investigación- y con el propósito de facilitar la comunicación, la información podrá ser canalizada a través de la oficina de Prensa del Ministerio Público.
Sin embargo, la respuesta fue la misma por parte de la oposición. Desde el PJ y el FIT, sostuvieron que cualquiera de las dos redacciones del texto del artículo 7 "cercenaría la libertad de prensa" y que además la Procuración podría "filtrar" la información sensible a los medios de comunicación.
El diputado Mario Díaz, del PJ, agregó que el gobierno de Alfredo Cornejo buscaba "tener un control sobre los medios de comunicación", por lo que votarían en contra a la reforma del artículo.
En tanto, Marcos Niven, del PD, adelantó que no iba a acompañar tampoco la reforma, ya que "la simple sospecha de poder limitar la libertad de prensa y manipular la información no ayudará a mejorar la Justicia".
Desde SIPREMEN también asistieron a la Legislatura y pidieron que se quitaran las modificaciones. Marisa Carrizo, secretaria general del gremio, afirmó que "la reforma al artículo 7 es un nuevo intento de filtración de información, aún con esta nueva redacción". Además añadió que se impediría al periodista "tomar contacto con las fuentes directas".
Más allá de esta polémica, la reforma a la Ley del Ministerio Público Fiscal tuvo media sanción y ahora será turno del Senado convertirla o no en ley.
