Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que la ex presidenta Cristina Fernández sea llamada a prestar declaración indagatoria por el supuesto montaje de una estructura para favorecer al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de obra pública durante su gobierno.
La acusación se refiere a la construcción de rutas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que estuvo virtualmente monopolizada por Austral Construcciones y sus empresas satélites, propiedad de Lázaro Báez.
Los fiscales entendieron que existió una planificación cuyo objetivo final era que Báez se quedara con esas contrataciones estatales, y para ello primero lo introdujeron en el mundo de la construcción de grandes obras sin que tuviera antecedentes para ello; luego instruyeron a funcionarios nacionales sobre la forma de disponer de las obras y, finalmente, direccionaron las adjudicaciones para el empresario kirchnerista.