Nuevamente, los ex ypefianos, reclamaron en la puerta de la Legislatura por la indemnización que deberían haber cobrado hace casi un año.
Nuevamente, los ex ypefianos, reclamaron en la puerta de la Legislatura por la indemnización que deberían haber cobrado hace casi un año.
Hace 25 años, cuando se privatizó YPF, 20.000 empleados se quedaron sin trabajo y nunca fueron indemnizados. El año pasado Cristina Kirchner anunció a través de un proyecto de ley, que la Nación pagaría un resarcimiento histórico a los trabajadores que quedaron en la calle. Dicha ley finalmente fue aprobado en el Congreso Nacional pero aún hoy no se cumple, los perjudicados vuelven a reclamar.
En dialogo con Sitio Andina, Liliana Liguori, viuda de un ex ypefiano y representante del grupo de trabajadores despedidos comentó que "se está cumpliendo un año desde que la ex presidenta dio la orden de pagar en un plazo de 120 días, y todavía estamos acá esperando, no tenemos ni una respuesta. De los 20.000 expedientes que han ingresado a consolidación de deuda, sólo 200 han sido pagados a nivel nacional. En Mendoza son 3.500 casos y no han pagado ni uno".
La representante afirmó que los tramites están frenados, porque hay que hacer una desestimación de juicio y asegura que un abogado, por hacer ese tramite les cobra a cada uno aproximadamente $4.000, y es dinero con el que no cuentan.
Cabe recordar que la norma aprobada en el Congreso de la Nación reconoce por parte del Estado la indemnización en favor de más de 36 mil ex agentes de YPF en todo el país, que no habían ingresado al Programa de Propiedad Participada (PPP) tras la privatización de la empresa durante el menemismo.
Los ex empleados sostienen que hace dos años que realizan su reclamo frente a la legislatura y sólo han logrado el apoyo de la Comisión de Derechos y Garantías de la Provincia, logrando que interceda para que senadores y diputados apoyen el reclamo en Buenos Aires, agilizando así el tramite.
"La señora Laura Montero fue una de las firmantes del decreto de acompañamiento que se hizo en la provincia. Vemos con mucha bronca que desde senadores y diputados no hay nada", aseguró Liguori.
Los trabajadores cesanteados llaman a todos los que han hecho el descargo a hacer un pronto despacho, aseguran que cuando sumen más de 500 los van a llevar personalmente al Ministerio de Economía,es un tramite gratuito y manifiestan que lo que buscan es una forma de hacer presión.
"Nos dicen que llamemos en 30 o 60 días, así se nos fue el año. Esperamos 25 años y ya no nos da la vida paras seguir esperando", defiende Liguori.
Los ex empleados manifiestan que el pago de la indemnización es muy variado y depende de la situación de cada persona, los montos que les adeudan se mantienen atrasados y los descuentos que se les suman, son con intereses actualizados. "Es una miseria lo que nos van a pagar", afirman.
"Queremos que los legisladores provinciales, ya que son nuestros representantes, que nos ayuden en este tema, que nos escuchen", explicó hace unos días Raúl Rodríguez, uno de los tantos ex ypefianos de Mendoza a Radio Andina.
La ley
La ley 23.133 se aprobó en el año 2015 por iniciativa del gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner, manifiesta el resarcimiento a ex trabajadores de YPF que no fueron incluidos en el Programa de Propiedad Participada, implementado tras la privatización de la petrolera en los '90.
Tras un debate de cuatro horas, la iniciativa que volvió a Diputados con modificaciones del Senado fue sancionada por unanimidad con 215 votos, tras un consenso alcanzado en el cuerpo; alcanza a 36 mil ex agentes de YPF y dispuso la entrega de 956 acciones de la empresa, con un piso de valor menor por la acción de $311.
El texto reconoce una indemnización por parte del Estado Nacional para los ex agentes de la petrolera de bandera que se desempeñaron en la empresa hasta el 1º de enero de 1991 o, si fallecieron, a sus herederos o derechohabientes.
En su momento los ex ypefianos aseguraron que la lay les daba un poco de alivio, pero no reparaba el daño. Sin embargo los beneficiarios resaltaron que el dinero que contempla la ley es menos del correspondiente y dudaban sobre cómo y cuándo cobrarían los bonos prometidos.
Hace ya un año de la implementación de ley y los ex empleados de YPF siguen esperando que el gobierno les informe cuando van a regularizar su situación.