Por TV Andina

Reforma judicial: "Queremos llevar más oralidad al proceso penal"

El Gobierno presentará la próxima semana un proyecto para reformar el Código Procesal Penal. El ministro Dalmiro Garay explicó los objetivos.

El Gobierno provincial presentará la próxima semana en la Legislatura un proyecto de ley para reformar el Código Procesal Penal. El objetivo del Ejecutivo es establecer mayor oralidad en el proceso penal y digitalizar los expedientes y notificaciones con el fin de agilizar los tiempos de la Justicia mendocina.

Uno de los encargados de elaborar este proyecto fue el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Dalmiro Garay. El funcionario estuvo en el programa “Punto en Común”, que se emite por TV Andina y que conduce Marcelo Torrez, explicando los detalles de la iniciativa que busca “achicar los tiempos muertos del proceso penal”. 

“Hemos observado que los tiempos del proceso no se condicen con los tiempos que se necesitan en el sistema de seguridad para que la justicia llegue rápida y llegue pronto”, indicó Garay en referencia a los problemas en materia judicial que notaron al iniciar la gestión.

Desde que asumió la Gobernación, Alfredo Cornejo comenzó a implementar una serie de reformas en materia de seguridad, que fueron desde la declaración de la emergencia en esta materia, hasta modificaciones en la Ley del Policía y en el régimen de prisiones preventivas.

Ultimente desde el Ejecutivo han estado trabajando con la Suprema Corte de Justicia para “achicar los tiempos muertos que tiene el proceso penal”, señaló el ministro.

“La semana que viene mandamos el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Estamos llevando mayor oralidad al proceso penal”, afirmó y detalló que “todas las cuestiones que sean de contienda de partes se resuelve con el juez de garantías en una audiencia oral, ya no hay procesos escritos”.

Además resaltó que introducirán notificaciones electrónicas dentro del proceso para ir dejando de lado el papel en los juzgados y fiscalías.

“Otra modificación importante que estamos hablando con la Corte es poder avanzar en juzgados pluriindividuales para que el juez se dedique a juzgar y todo lo administrativo lo tome un secretario administrativo que tenga la función de ver desde que hay papel hasta coordinar las audiencias”, aseguró el funcionario.

Hizo hincapié en que desde el Gobierno intentan que estos cambios no sean traumáticos y que recién sobre el final de la actual gestión se pueda llegar al legajo digital.

“En Chile esto llevó muchos años. Es un sistema que está probado, que lo tienen provincias como Neuquén. Estamos aprendiendo de esas experiencias”, remarcó Garay.

Otra modificación que se busca introducir es que las víctimas de los delitos puedan tener una participación como querellante desde un primer momento y no esperar a que el fiscal impute a un acusado.

En cuanto a la tarea del fiscal, el ministro de Gobierno resaltó que quieren tener “un fiscal fuerte”. “Hay muy buen recurso humano, me parece que hay que capacitarlo más y dotarlo de algunas competencias que el fiscal hoy no tiene”, agregó y adelantó que están pensando en realizarle una enmienda a la Constitución provincial para que el fiscal pueda ordenar allanamientos y se deba esperar a la intervención del juez.

“El fiscal necesita que haya menos burocracia dentro del proceso penal y de que las cuestiones se resuelvan más rápido”, planteó.

Nuevo rol para el Procurador

El anuncio de la renuncia del procurador general de la Corte Rodolfo González obligó al gobernador Cornejo a ponerse a pensar en su sucesor, que deberá ser ratificado por la Legislatura. No obstante, Dalmiro Garay explicó que se está revisando la ley de Ministerio Público ya que piensan redefinir el rol del procurador antes de determinar quién será el sucesor de González.

“Estamos revisando la ley de Ministerio Público. Estamos viendo cómo está formado y las competencias que tiene. Antes del nombre queremos redefinir el rol del Procurador.Hay cuestiones que vamos a revisar y si hay que cambiarlas, vamos a cambiarlas”, expresó el funcionario.

Sistema penitenciario

Otro de los temas a los que se refirió el ministro fue el estado de las cárceles de la provincia. Sostuvo que al comenzar la gestión cancelaron una deuda de 14 millones de pesos con los proveedores de la comida de los internos y que luego se han abocado a mejorar las instituciones penitenciarias de la provincia.

Con la sanción de la Ley de Emergencia en Seguridad, la Legislatura aprobó un endeudamiento para arreglar los penales de San Felipe, Boulogne Sur Mer y San Rafael. En tanto, los legisladores también aprobaron un proyecto para la construcción de una nueva cárcel en Cacheuta.

Asimismo, Garay aseguró que iniciaron gestiones ante el Gobierno federal para que reactive la construcción de la cárcel federal, la cual tendría alojamiento para 480 internos federales y ayudaría a solucionar el problema de la superpoblación carcelaria.


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