Para los argentinos, la desaparición forzada es un delito íntimamente ligado a la última dictadura militar, al accionar de los grupos de tareas y a los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Sin embargo, también hubo y hay ejemplos ocurridos en democracia. No se trata ya de un plan sistemático como el que aplicaron los genocidas vestidos de uniforme que en los 70 se apoderaron del aparato estatal, sino de casos donde se tiene la firme sospecha de que miembros de las fuerzas de seguridad están involucrados de forma directa o por connivencia en la desaparición de una persona.
Nombres como los de Jorge Julio López testigo clave en un juicio por crímenes de lesa humanidad, Marita Verón caída en las manos de una red de tratantes, Miguel Bru, Iván Eladio Torres y Luciano Arruga tres casos donde se investiga a efectivos de la policía son claros ejemplos, pero no son los únicos.
A partir de que el pasado 13 de abril se incorporara al Código Penal el delito de desaparición forzada a manos de funcionarios públicos o de individuos que actúen con la asistencia o protección del Estado, Tiempo Argentino buscó ponerle cifras a este fenómeno delictivo. De ese relevamiento se desprende que muchas de las personas que hoy no tienen paradero conocido pudieron ser víctimas de desaparición forzada.
No son números oficiales, porque aún no los hay, pero surgen de una reconstrucción hecha a partir de las fuentes más reconocidas en la materia, incluidos cuatro entes gubernamentales y tres organizaciones de la sociedad civil. Se trata de aquellos episodios donde las autoridades y los especialistas tienen motivos para sospechar de la actuación de las fuerzas de seguridad, ya sea en casos de gatillo fácil o como sucede en la mayoría de los hechos en calidad de garantes para distintas modalidades de trata de personas.
