Mendoza vuelve a tener fiscal de Estado, que pide mudanza
Fernando Simón asumió el cargo, a tres años de la destitución de Joaquín De Rozas. Quiere sacar al organismo de la Casa de Gobierno.
Foto: Cristian Lozano
Después de tres años, Mendoza vuelve a tener fiscal de Estado. Es que tras la destitución de Joaquín De Rozas, el cargo estuvo subrogado, pero desde hoy Fernando Simón tomará las riendas del organismo que tiene por función controlar a los tres poderes y defender el patrimonio de todos los mendocinos.
Luego del escándalo por el rechazo al pliego de Miriam Gallardo como jueza de la Suprema Corte, el Senado aprobó el nombramiento de Simón y de Ricardo Pettignano como miembro del Tribunal de Cuentas. Así, hoy se concretó el trámite de asunción.
Las promesas de Simón y su compromiso se dieron dentro de lo políticamente correcto y esperable. No hizo grandes ni polémicas declaraciones y lo más arriesgado fue reclamarle al gobernador Francisco Pérez la posibilidad de mudar de la Casa de Gobierno a la Fiscalía y autonomía en el manejo de fondos y designación de personal.
El ex senador fue puesto en funciones este mediodía por el propio mandatario, pero previamente se desafilió del Partido Justicialista "para mostrar independencia". Es que está íntimamente ligado al peronismo, ya que fue secretario de Legal y Técnica del ex gobernador Celso Jaque y luego asumió su banca en la Legislatura.
En su discurso, el abogado expresó la "necesidad de estar fuera de la Casa de Gobierno", reclamo que fue aceptado por el mandatario y se estima se concretará antes de finales de este año. Fue el propio Pérez el que reconoció (en su discurso) que "no se puede pedir más eficiencia si tenemos a 120 personas trabajando hacinadas". Y aseguró que la mudanza "será la primera intervención".
Además, señaló que ejercerá su "función de control, participando en la toma de decisiones. Voy a ser independiente, un fiscal que ayude, que esté para controlar y no para obstaculizar", agregó.
Por otra parte, señaló que la prioridad será trabajar sobre la demanda de La Pampa contra Mendoza por el Río Atuel y la de la ex Obras Sanitarias contra el Estado provincial. Además señaló que buscará implementar un régimen de concursos para el personal.
En materia de minería, destacó la legislación "exigente" en controles y aseguró que hará cumplir la legislación vigente.
En cuanto a la cantidad de juicios, señaló que "Mendoza es la provincia con más alta litigiosidad". Y son cerca de 20.000 las demandas que se acumulan en la Fiscalía, ya sea contra la provincia, municipios y otros organismos. Sin embargo, señaló que encarará realizar estadísticas al respecto.