La Defensoría de las Personas con Discapacidad denunció que se está produciendo el cierre encubierto del Servicio de Rehabilitación para Niños y Adolescentes y la Junta de Certificación de Discapacidad que funcionan en el Hospital Antonio Scaravelli de Tunuyán, y que dependen de la Dirección Provincial de Atención Integral de las Personas con Discapacidad.
La situación que denuncia la Defensoría es que el lugar que en su momento cediera el nosocomio, fue ocupado imprevistamente y sin aviso, por decisión del actual director con equipamiento y personal para brindar otra prestación, la cual es: atención del niño sano.
Desde la entidad sostienen que debido al reducido espacio y por cuestiones técnicas como los protocolos de higiene que deben seguirse, estas dos actividades resultan incompatibles, por lo que el servicio de rehabilitación prácticamente ha dejado de funcionar.
Esto afecta directamente a alrededor de 40 niños y niñas con discapacidad del Valle de Uco, en su mayoría hijos de cosechadores y jornaleros, que en estas circunstancias no pueden acceder a su rehabilitación, lo que en algunos casos agrava los cuadros.
Ante la denuncia pública por parte de organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas, el pasado 19 de febrero, autoridades del gobierno provincial aseguraron que el problema se había solucionado. Sin embargo, desde la Defensoría manifestaron que hasta el día de la fecha el servicio continúa resentido.
En una resolución de este miércoles, la Defensoría de las Personas con Discapacidad, solicita al Gobierno de Mendoza, por intermedio de la Dirección de Atención Integral de las Personas con Discapacidad, y del director del Hospital, Emilio Nahim, que, de forma inmediata adopten todas las medidas conducentes a fin de restablecer en su plenitud los servicios de Certificación de Discapacidad y de Rehabilitación de Niños y Adolescentes del Valle de Uco.
También piden a los ministros de Salud, Desarrollo Social y Derechos Humanos que garanticen una solución definitiva. Ya que, para ellos, el cierre o empobrecimiento de servicios como estos constituye una política pública opuesta a la normativa internacional de derechos humanos a la que adhiere nuestro país.