En algún momento de los agitados días de enero que precedieron a su trágica muerte, el fiscal Alberto Nisman le confió a uno de sus colaboradores un archivo conteniendo las casi 40.000 escuchas telefónicas que venía analizando en los últimos años y en las que se basó para acusar a las más altas autoridades del país del posible encubrimiento de los imputados por el atentado a la AMIA.
