opinión

Fuerte crítica hacia magistrados en contra de monitoreos carcelarios

Desde AAMJUS afirmaron que estos jueces “demuestran su falta de interés en la solución de problemas como la inseguridad”.

Por Sección Sociedad

La organización Abogadas de Mendoza por la Justicia Social (AAMJUS), a través de su presidente Lucas Gómez Portillo, se presentó una dura crítica hacia un sector del Poder Judicial que está en contra de la Acordada 26203 de la Suprema Corte provincial, que busca profundizar el compromiso de los Jueces Penales Mendocinos con la realidad de las personas privadas de libertad.

“Desde AAMJUS repudiamos el proceder de un grupo de Magistrados de nuestra Justicia Provincial, encabezados por el juez José Virgilio Valerio, hacia una norma que tiene como finalidad que los jueces penales realicen monitoreos carcelarios y entrevistas personales en los lugares de detención en forma trimestral respecto de aquellas personas cuya privación de libertad hubieren dispuesto, debiendo remitir informes a la Suprema Corte de Justicia dando cuenta de los monitoreos realizados, condiciones de alojamiento y detención detectadas, condiciones de trato y acceso a derechos de las personas privadas de libertad y las medidas adoptadas a los efectos de garantizar efectivamente los derechos de las y los detenidos, en caso de haber correspondido”, indica el documento.

Además, Portillo declaró que este grupo de magistrados en contra de la resolución “desconoce esta manda constitucional desinforma a la comunidad, ignora su función social, deja en evidencia su falta de interés en involucrarse en la solución de problemas como la inseguridad y la protección de los derechos de los grupos sociales más vulnerables”.

La Acordada, según AAMJUS, implica un nuevo modelo de gestión judicial, preocupado en la complejidad del delito, en sus causas, su dimensión humana, el rol social de los operadores judiciales y el diseño de estrategias de abordaje comprometidas con la reinserción de los individuos que han delinquido o son sospechados de participar en un delito, dando cumplimiento a nuestra Constitución Nacional que en su art. 18 impone: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.

Entre las excusas que los magistrados plantean sobre la acordada en cuestión son, según reza el documento, los “supuestos impedimentos legales, de competencia y hasta de constitucionalidad para que la orden de la Suprema Corte se lleve a cabo. Todos estos argumentos son falaces, ideológicos y corporativos. Desde hace años vienen incumpliendo con una obligación constitucional, garantizando impunidad y profundizando el descreimiento de la sociedad hacia la Justicia”.

Asimismo, Portillo exclamó que “esta facción defiende el viejo modelo judicial donde la supuesta “imparcialidad e impartialidad” se logran mediante el alejamiento de los problemas sociales, la conceptualización de imputados, procesados y condenados como lejanos y sucios objetos abordables sólo desde una aséptica aplicación de tipos penales, convirtiendo las personas en frías hojas de expediente, sin mayor preocupación de su destino luego de ordenada su detención”.

Estadísticas

Entre los datos que aportó la organización, sólo reciben sentencia el 1% de las causas que anualmente ingresan, donde en los últimos 15 años la población carcelaria ha crecido sin parar generando un hacinamiento espantoso y condiciones de indignidad alarmantes, donde el 60% de las personas que viven en instituciones penales de encierro son procesados sin condena, donde el 95% de la población carcelaria no ha terminado la instrucción educativa obligatoria y donde los grandes delitos económicos se mantienen impunes.

“Este sistema ineficiente, colapsado e inequitativo es el resultado de la consolidación de modelos mentales como el exhibido por quienes se hoy se oponen a medidas como la propuesta por nuestra Corte Provincial”, analizó Portillo.

Conclusión

La organización indicó que se defiende esta intervención por parte de esos Jueces tal cual lo plantea la Corte, y se rechaza la crítica infundada de una supuesta atomización del control. 

“El control descentralizado no implica atomización, todo lo contrario, la intervención simultánea y comprometida de todos los magistrados con la correspondiente coordinación y centralización de la Corte, tal y como lo plantea la Acordada con la obligatoriedad de remitir informes a la máxima autoridad Judicial del resultado de los monitoreos, sumada a la obligación que tienen dichos magistrados de tomar las medidas necesarias para hacer cesar cualquier situación violatoria, va a permitir un control mucho más efectivo que el actual”.

Finalmente, concluyeron que los Jueces “son actores centrales en esta materia, siendo funcionarios estatales de alta jerarquía y unos de los mejores pagos, a quienes debemos exigir el más alto compromiso no solo en intervenir en un expediente y, ocasionalmente, emitir una sentencia u orden judicial, sino en garantizar derechos y generar un sistema eficiente que dé respuestas realistas y efectivas a nuestra sociedad”.

Aquí está el documento completo:

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