El gobierno de la provincia se reunió con la mesa de enlace de seguridad, que reúne a legisladores de distintos partidos políticos y funcionarios del Poder Judicial, para debatir la posible aplicación de medidas para mejorar el sistema carcelario y de seguridad social.
Una de ellas, la más ambiciosa, sería la construcción de una penitenciaría por parte de una empresa privada en la zona de Cacheuta, cerca de la cárcel Almafuerte. El Gobierno anunció que ya hay un proyecto presentado por la empresa Obras Andinas S.A. y que estudiará el Poder Ejecutivo. En caso de prosperar, este proyecto debería pasar por la Legislatura para darle el visto bueno.
Por otro lado, se trató la idea de reflotar la aplicación de pulseras magnéticas para controlar a los presos que tienen salidas transitorias o arrestos domiciliarios.
Lafalla anunció que a fin de mes puede comenzar la licitación de las primeras 100 pulseras para realizar una prueba piloto. Las mismas, más todo el trabajo de monitoreo y control por una empresa de servicio, costará 5,9 millones de pesos
Este tema ya había sido estudiado y anunciado años antes, pero según el Ministro, no reunía las condiciones necesarias para garantizar el fiel cumplimiento que nosotros queremos; que no es más que saber si una persona con arresto domiciliario cumple con las obligaciones que tiene impuestas.
De todas maneras, indicó que la mesa de enlace estudiará también cómo es el resultado de este mismo sistema en otras provincias, como es el caso de Buenos Aires, donde se han implementado 1000 pulseras a personas con arresto domiciliario.
Por último, otro tema que se tocó fue la de la culminación de la cárcel federal -regional- que se encuentra cerca del complejo Almafuerte, el cual tendrá capacidad para cerca de 600 reclusos y que será compartida por San Juan y San Luis. Con respecto a esta obra, se pretende que esté terminada en junio de 2015.
En tanto, ya se acordó una nueva reunión de la mesa de enlace de seguridad para el próximo 30 de octubre. Estuvieron presentes además de Lafalla, entre otros, el ministro de Seguridad Leonardo Comperatore y el de infraestructura Rolando Baldasso; el procurador general de la Corte Rodolfo González; el coordinador de políticas públicas del Poder Judicial Raúl Vicchi; los legisladores Héctor Quevedo y Milagros Suárez por la UCR, Eduardo Bauzá del FPV, Gustavo Cairo del PRO, Jesús Riesco del PD y Daniel Cassia del Frente Renovador y la directora de inspección general de seguridad Analía Rodríguez.