A principios de este año la Defensoría de las Personas con Discapacidad realizó una recorrida por diversas instituciones que albergan a quienes tienen capacidades diferentes y se encontraron con una serie de irregularidades. En ese entonces le otorgaron al Gobierno 30 días para que normalice la situación pero ahora luego de un nuevo monitoreo se detectó que no hay avances significativos.
Es por eso que ahora a través de una resolución, la Defensoría solicita que se corrijan las irregularidades ya que en esos albergues se están vulnerando los derechos de las personas discapacitadas.
Entre otras acciones, la Defensoría requiere la urgente clausura de dos hogares privados ubicados en el departamento de San Martín, en caso de que siguieran funcionando, por la verificación de diversas irregularidades y vulneraciones de derechos.
En la Resolución también se realizan requerimientos a los Municipios de San Martín y Guaymallén, al Ministerio de Salud, se brinda información a OSEP sobre un prestador que vulnera derechos de las personas con discapacidad, a un par de Juzgados de Familia sobre el otorgamiento de curatelas que generan interrogantes.
Un proyecto para no videntes:
Por otra parte el defensor de las personas con discapacidad, Juan Carlos González, se reunió con legisladores para tratar un proyecto impulsado por el diputado radical Roberto Infante. A través de esta iniciativa se busca garantizar el acceso a la información de productos de consumo a las personas con discapacidad visual.
La iniciativa, tiene por objeto garantizar a los consumidores con discapacidad visual el acceso a la información sobre las características de los productos de consumo, principalmente en los productos alimenticios y peligrosos, y regular un derecho de asistencia personalizada en los establecimientos de venta al público, para permitir a estos consumidores el acceso en igualdad y sin discriminación alguna respecto al resto de ciudadanos, a los bienes y servicios en ellos ofertados, con respeto pleno a su autonomía personal.
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