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La decisión de los magistrados mendocinos -que están siendo investigados por su vinculación a crímenes de lesa humanidad- se justifica en que la cámara empresarial no tiene entidad para el planteo. Así, Mendoza podría estar al borde del abismo respecto a este tema que, aseguran, produce pérdidas millonarias para la provincia.
Los involucrados sospechan que la decisión judicial tendría que ver no tanto con cuestiones de "entidad" o no, sino con una decisión de "vengarse" por el hecho de estar sentados en el banquillo de los juzgados.
Es que el gobernador Celso Jaque coincidió con los empresarios sanrafaelinos en que este decreto es inconstitucional, e incluso recurrió a la Justicia, pero le dejó la pelea judicial a ellos ya que él consiguió la promesa de la Presidenta de incorporar a los departamentos de Las Heras, Lavalle, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Alvear y Malargüe.
Ante esta promesa, el gobierno de Mario Jorge presentó otro recurso, para no quedar al margen del beneficio de diferimientos impositivos. En concreto, el pampeano se opone a que Mendoza esté incluida en el régimen.
Pero, Cristina Fernández no concretó hasta el momento la firma del acuerdo logrado de palabra con Jaque, por eso es que el desestimiento del mendocino podría tener un efecto de boomerang impensado.
Así, parece que la provincia volvería a perder con este tema y su suerte depende por un lado de la decisión de La Pampa de avanzar o no con el reclamo y que la Nación finalmente incluya a estos departamentos en el decreto.
Lo cierto es que la promesa hecha el viernes por Boudou a Beder Herrera y la decisión judicial, que coincidieron en el tiempo, podrían costarle muy caro a Jaque, a los pocos meses de una competencia electoral cuyos sondeos, hasta ahora, no le están resultando favorables a su candidato Francisco Pérez.
Sin embargo, no hay nada definido todavía ya que a la vuelta de la feria judicial que inicia mañana- la Cámara de Comercio sanrafaelina podría interponer un recurso que revea el fallo. Además, habrá que ver la decisión del Ejecutivo provincial, que podría optar por presentar una medida similar antes de que el fallo quede firme.