La contención del Gobierno a los padres y familiares de las víctimas de delitos y de cualquier tipo de siniestros sigue siendo una materia pendiente. Así lo considera la diputada radical Beatriz Varela, que presentó un proyecto de ley para crear un equipo interdisciplinario que actúe en forma urgente ante distintas situaciones de este tipo.
Como ejemplo de estas situaciones la legisladora se refirió al hecho del 12 de junio cuando en Godoy Cruz se "evidenciaron las falencias del Gobierno para contener a los padres que perdieron a sus hijos cuando se incendió la vivienda que habitaban" y el 13 de julio, ante el asesinato de Lucas Arias, el joven que asesinado cerca de su casa, en el Barrio Primero de Septiembre de Las Heras, cuando intentó defender a un vecino de un robo.
Si bien existe el Centro de Atención a Víctimas de Delitos, perteneciente al Ministerio de Seguridad de Mendoza y el GAR (Grupo de Alto Riesgo) del Hospital Notti, que interviene en casos de abuso y maltrato de menores intrafamiliares, ésta asistencia no es adecuada ni apropiada, ni está capacitada para sostener a padres que perdieron a sus hijos en forma trágica, comentó Varela y agregó: Es necesario crear un equipo interdisciplinario, constituido por psicólogos, médicos y trabajadores sociales, para prestar contención individual o colectiva (padres y hermanos) en la urgencia.
Del proyecto de ley, se desprende que el apoyo incluye el seguimiento de la problemática hasta la inserción de los familiares en un grupo de padres, que compartan la misma situación o que decidan recurrir a instituciones privadas. Para esto, la legisladora prevé que este equipo funcione en el ámbito del Ministerio de Salud y esté constituido por 1 médico, 2 psicólogos, 1 psiquiatra y 2 trabajadores sociales.
Entre las acciones detalladas se define la atención inmediata ante la urgencia en el lugar del hecho; concurrir ante el fallecimiento de una persona, ya sea por accidente de tránsito, incendio, suicidio o cualquier otra contingencia que amerite el abordaje y sostener física y psicológicamente a cada uno de los miembros de la familia. Asimismo, establece la necesidad de brindar a los municipios, que así lo requieran, información sobre cómo actuar en estos casos e incorporar a padres que hayan vivenciado este proceso y que deseen colaborar.
Cuando se vive la muerte de algún hijo, los padres se enfrentan con nuevos sentimientos que no entienden, por lo que es necesario aceptar la ayuda de especialistas en el tema, quienes están dispuestos a brindar atención y apoyo en estas circunstancias y son ellos quienes fijan estrategias de abordajes y procedimientos adecuadas al caso, para ponerlas en práctica, concluyó.