El EPAS debía ser reformado hace 4 años, pero la ley se perdió en el camino
El organismo del agua que controla a la empresa reestatizada (Aguas Mendocinas) está basado en un modelo de los 90, cuando el concesionario era privado. Sobre la norma que actualiza esto y estaba terminada, no hay indicios.
Yemel Fil
El servicio es monopólico, por lo que mantiene cautivos a los usuarios. Pero además es vital para la salud de los mendocinos y es el ente de control quien verifica la calidad del agua que se consume. Pero la lupa no está sobre él por la tarea que ejecuta, sino porque se trata de un ente político que controla a una empresa estatizada, o sea el Estado al propio Estado. Se trata del Ente Provincial de Aguas y Saneamiento (EPAS) que desde hace 4 años controla a una empresa del mismo color político, cuya concesión fue quitada tras un proceso de desinversión que la llevó a la quiebra.
Este organismo es quien debe decidir por estas horas si autoriza el incremento tarifario que está pidiendo la principal prestadora del servicio, Aysam. Esta prestataria, que abastece al 70 por ciento del mercado, pretende una suba del 43 por ciento en la tarifa del agua y la revisión de costos, que luego pasará al Ejecutivo se está realizando en el Epas.
En 2011 y tras un proceso de revisión interna y externa, las autoridades que habían sido nombradas por Celso Jaque, preparon un proyecto para enviar a la Legislatura y convertirlo en la Administración Provincial de Saneamiento (APS), dotándolo de mayor presupuesto y poder para controlar, el mismo llegó hasta la Secretaría General de la Gobernación, con el visto bueno del ministerio de Infraestructura. Pero despertó fuertes rencillas políticas dentro del Gabinete y nunca se envió a la Legislatura.
AySAM se reestatizó en 2010 y el decreto preveía la reforma del ente de control.
El titular del Epas, Javier Montoro, confirmó en julio de 2011 que había enviado el borrador definitivo al Ejecutivo que modificaría la ley 6.044 sancionada en 1998 cuando se privatizó el sistema y que dio origen al actual ente de control.
Entre otros cambios establecía que bajo la denominación de APS se reformularía un organismo que sería el responsable de controlar a la empresa, hoy en manos del Estado, fijando una nueva estructura de costos para el régimen tarifario, diseñando las políticas de aguas y saneamiento para prestar el servicio, con mayor presupuesto y en lo posible que quedara fijado en un porcentaje de la pauta de la provincia, entre otras cosas.
Actualmente Javier Montoro no sabe qué pasó con ese proyecto. El funcionario asegura haberlo remitido al Ejecutivo pero no sabe qué sucedió posteriormente.
Lo cierto es que en ninguna de las reformas se puedo avanzar, a pesar de estar previstas en el decreto que permitió el fin de la concesión a los privados por parte de la administración anterior, y en momentos en que el actual gobernador Francisco Pérez era ministro de Infraestrcutura.
Uno de los puntos que generó mayor resistencia en la presentación del proyecto es quién marcaría el plan de políticas sanitarias a llevar a cabo en los próximos años.
En este capítulo, el Epas se propuso como generador de esas medidas y Jaque lo rechazó de plano. Tanto los técnicos de Infraestructura como el mismo gobernador consideraron que debía estar en manos del "poder concedente", es decir del gobierno de turno.
Pérez era en esa época ministro de Infraestructura y fue uno de los que se opuso a que la conducción no fuese política.
Otro punto que generó desentendimientos es quién debía ser el conductor de la APS. Para el Epas esos cargos debían ser propuestos por el Ejecutivo, y salir con acuerdo del Senado, como sucede hoy con el presidente. Y debían finalizar cuando la nueva administración decidiera la remoción.
Pero en el entorno de Jaque dudaban si debe durar 4 años y renovarse al compás del gobernador. Lo que pretendia Montoro era que todos los directores pasaran el filtro del Senado, no solo el presidente. Así los referentes de los demás partidos políticos y el representante de los municipios debía ser evaluado por la oposición y hasta someterse a los cuestionamientos de la audiencia pública.
Lo cierto es que el proyecto, perfectible tal vez, no se sabe dónde quedó frenado. Al menos los legisladores de las comisiones de Ambiente y Obras Públicas y de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, no saben nada de la norma.