Escasa repercusión tuvo la convocatoria lanzada por un grupo de regantes, productores y vecinos autoconvocados que lograron reunir poco más de un centenar de manifestantes en la vereda de la Subdelegación de Aguas del Río Diamante de San Rafael, para plantear la crisis hídrica que padecen, la oposición a la modificación de la Ley de Aguas y la posibilidad del desembarco de la megaminería. Piden la renuncia de José Luis Álvarez al frente del Departamento General de Irrigación, y también de los consejeros de los ríos.
Humberto Carreño destacó el abandono de fincas que existe en San Rafael y se preguntó dónde va a parar esa agua, aunque reconoció que hay pobres nevadas. Criticó el aumento del canon de riego, la falta de obras y remarcó que gran parte de la recaudación se va "en el pago de personal entre los que hay muchos ñoquis, mientras que no hay obras".
A su vez indicó que hacer una perforación tiene un costo de 50 mil pesos y que los productores chicos y medianos no pueden hacerlo, ya que a ese monto hay que sumarle los tubos de acero y la bomba, y por último reclamó una política de Estado para el sector productivo.
Seguidamente, Raúl Andreoni destacó que la manifestación frente a la Subdelegación de Aguas del Río Diamante no era contra su actual delegado, Favio Chiachio, presente en el acto, junto al presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Sat, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad, y concejales radicales y demócratas, e hizo entrega al subdelegado un petitorio prometiendo que volverá el martes a las 11 en busca de respuesta.
Hubo una invitación de concejales, funcionarios municipales y de Irrigación parar abordar el problema de los regantes para conformar mesas de trabajo en la búsqueda de soluciones, pero los manifestantes prefirieron marchar a la Municipalidad para continuar con la protesta.
Petitorio al gobernador
Se presentó un petitorio a Francisco Pérez, en el que se critica las dos últimas administraciones en Irrigación recordando que en el 2011 "asistimos a la renuncia del superintendente por irregularidades comprobadas, y hoy ante las constantes irregularidades e injusticias en la administración del recurso hídrico a través de dudosas asignaciones de derecho. Se favorecen intereses que no representan al agro mendocino, sino a latifundios desconocidos desfavoreciendo a pequeños productores por los costos, asociados al acceso al recurso hídrico".
En la gestión de Álvarez, señalan, "fuimos testigos de intentos de expropiación de tierras por cuentas adeudadas a Irrigación y Rentas violando la Constitución que prohíbe las expropiaciones genéricas y que olvidaron el plazo de prescripción de ese tipo de acciones".
"Hemos visto aumentar el 500 por ciento los cánones de agua subterránea y la gente de menos recursos de deshizo de sus pozos, y se convocó para que se establezca un ofrecimiento pecunario como condición para obtener de un pozo de agua", señala el petitorio.
También hace alusión a la resolución 164/13 por la cual se impone un mercado negro de los pozos de agua, permitiendo venderlos, opción que tomaron muchos productores ante la imposibilidad de afrontar los gastos por el aumento de cánones.
Además, se critican los cortes de agua por deudas, el aumento del 67% del canon de agua superficial "todo lo cual nos lleva a pedir la renuncia del superintendente y la totalidad de los consejeros de ríos". A su vez, ofrecen como solución que cada cuenca ofrezca una terna para elija el gobierno un representante por cuenca para enviar el pliego al Senado y constituido el Consejo de Apelaciones se designe al nuevo superintendente general de Irrigación.
Por último, en el petitorio se le hace saber al gobernador la oposición a modificar la ley 7722, pedida por un legislador e intendente que intentar echar por tierra la defensa legal contra las sustancias químicas.