Para los radicales el Gobierno está extorsionando a la Justicia y a la Corte denunciando que no se podrán realizar obras que ya estaban comprometidas. Mientras, el oficialismo sale a la carga cada vez con advertencias más duras y niega de plano que sea como dice el legislador. Además le advierten a Vaquié que deberá hacerse cargo de sus expresiones.
Una tras otra. Así el Ejecutivo comenzó el día diciendo que no podría realizar obras de Irrigación en Lavalle, a mediodía convocó a una conferencia de prensa urgente en el Ministerio de Tierras para revelar que no se realizará la planta de residuos sólidos en el este provincial. Esta tarde, salió a mostrar que el 50 por ciento de las obras no se podrá realizar teniendo en cuenta la suspensión de dos artículos de la ley de endeudamiento y ahora eleva los pedidos de dos grupos de regantes que reclaman una audiencia en la Corte para revelar cómo se verán perjudicados.
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Alvarez ya ha calculado que obras no se podrán hacer. |
Ante este panorama el radicalismo salió a contrarrestar la información asegurando que se puede usar la vieja Ley de Contabilidad porque lo que se suspende son los artículos de la Ley de Endeudamiento, aprobada en mayo.
Según Enrique Vaquié se trata de un tecnicismo que cualquier miembro del Gobierno conoce. El radical aprovechó para decirle a Pérez que si no se anima a hacerlo que le pida a la Corte una medida aclaratoria.
El Secretario Legal y Técnico de la Gobernación, Gustavo Tobares, explicó que no existe tal posibilidad porque el fallo de la Corte les impide ingresar el crédito público al presupuesto reconducido. "Ellos le pidieron esto a la Corte", se quejó el funcionario.
Además manifestó su malestar por la calificación de extorsión que propinó Vaquié. Para el funcionario es un término que roza con lo delictivo y cada uno debe hacerse cargo de la palabra que utiliza, advirtió.
En el entorno de Pérez aguardan ser notificados de la medida cautelar que deja congelada la Ley de Endeudamiento. Esto porque aun no han depositado los fondos que exige la justicia para amparar la medida cautelar, unos 2 millones de pesos.
Según los radicales el depósito, que debe ser en efectivo y no en propiedades, se hará efectivo en las prócimas horas.
Las razones según Vaquié
Enrique Vaquié explicó que tanto las obras de infraestructura del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), el Plan de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) y las obras destinadas a mejorar el sistema de agua potable y saneamiento no fueron alcanzadas por este fallo ya que sus financiamientos fueron aprobados antes de la sanción de la ley 8.667. La primera fue aproada en el 96 por unanimidad, la segunda en 2001 también por todos los votos de la Cámara y las leyes necesarias para mejorar el servicio de aguas y saneamiento entre 2010 y el año pasado.
Los responsables de la administración provincial argumentan con mala fe que el pedido de la Unión Cívica Radical a la Suprema Corte de Justicia y el resolutivo emitido por el tribunal dejan a Mendoza sin aquellas obras financiadas por el BID/BIRF. Esto no es así, están usando de rehenes a los trabajadores y a todos los mendocinos para apretar tanto a la Justicia como a quienes tratamos de detener la escalada de endeudamiento ilegítimo del Gobierno de Pérez, afirmó Vaquié.
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Notificación fallo endeudamiento. Los incisos que quedan suspendidos son precisamente los que se fijan en el artículo 80. |
Ante esto Tobares respondió que "se aclara lo que está impreciso, y se rectifica lo que está mal", lo que hace suponer que esperan una rectificación del fallo judicial.