Está más que claro que lo que quiere, desea y ansía nuestro país futbolero es que la Selección siga en la senda del triunfo en Brasil, que el próximo martes gane su partido ya en una etapa definitoria del todo o nada, que continúe avanzando para que la fiesta no termine nunca y coronar un estado de éxtasis absoluto el próximo 13 de julio en el Maracaná, día y lugar en donde se jugará la final del torneo deportivo más convocante en el mundo entero.
Así también lo desea el gobierno de Francisco Pérez y no sólo porque el gobernador sea un tipo futbolero, que lo es en realidad, ferviente hincha de la Selección que hasta se dio el gusto de hacerse una escapada a escondidas hasta Brasil, para vibrar de cerca en uno de los partidos, sino por sobre todas las cosas le gustaría íntimamente que la fiesta futbolística no terminase nunca, en un éxtasis absoluto para evitar caer en la oscuridad de los temas irresueltos de la gestión; complejos asuntos que por falta de solución impiden gobernar con tranquilidad y, junto con eso, llevar la tranquilidad que todos necesitan que les dé su gobierno.
La semana no ha dejado lugar a buenas noticias, no ha dado respiros. Las dificultades se han agravado por la durísima negociación que lleva adelante el país con la Justicia norteamericana y los fondos buitre, arrastrando a las provincias a un estado mucho más adverso y de incertidumbre que con el que lidian en situaciones normales.
Hay, de igual forma, mucho de contradicción cuando los funcionarios de Pérez advierten del riesgo al que se enfrenta la provincia sin contar con la aprobación de endeudamiento. Porque en los primeros meses del año el aumento de la recaudación habría dejado un extra en la caja de casi 1.400 millones de pesos y la proyección para todo el año se ubicaría en los 3 mil millones de la misma moneda, aspecto que los radicales han observado para negarse a permitirle toma de créditos a la administración.
Las respuestas oficiales han sido vagas y contradictorias. Aducen que así como aumentaron los ingresos por una mayor recaudación empujada por el impacto inflacionario, de la misma manera aumentó el gasto, más los aumentos que se deben otorgar a la planta de personal acordados en paritarias, y también, hay que decirlo, el oficialismo se ha negado a revisar la administración del gasto defendiendo la política que se viene aplicando desde Hacienda.
Es más, el gobierno de Pérez ha plantado bandera frente a las quejas del radicalismo machacando que lo que se le pide no lo hará nunca, contraatacando con que lo que se busca desde la oposición es hacer un ajuste expulsando personal de las áreas del Estado, cosa que jamás haremos, enfatizan. Pero en verdad, poco se dice de implementar un plan que haga más eficiente el gasto y que apunte a desbaratar los bolsones de ineficiencia.
Lo que surge con mucha claridad es que el frente abierto de conflictos, para Pérez, es cada vez más amplio. En líneas generales, las provincias se han quedado sin financiamiento para cumplir con los vencimientos de gastos corrientes, como el de los aguinaldos, por caso, y si bien en Mendoza abría un poco de oxígeno hasta julio, sobregirando si es necesario sobre las cuentas del Banco Nación hasta un monto cercano a los 800 millones de pesos si la situación se agrava, el objetivo de frenar el déficit se aleja y aquella promesa de llegar a entregar el próximo año un gobierno con cuentas equilibradas emerge como un objetivo de muy difícil cumplimiento.
La situación de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), tanto desde lo financiero como desde las prestaciones, es corrosiva. Lo que ocurre allí adentro se ha interpuesto como un aspecto central que complica no sólo las cuentas, sino también la relación que el gobierno viene teniendo con los estatales, en todo sentido. La OSEP recauda alrededor de 140 millones de pesos por mes y gasta 150 millones o un poco más en el mismo período. La olla presión en la que se fue transformando obligó al propio gobierno a revelar en público la preocupación antes de que la oposición hiciera foco en ella para hostigar a la propia administración y jaquearla más de lo que está.
A un gobierno que promete acciones que luego termina negando o desconociendo, sólo le queda lidiar con el descreimiento en general de la ciudadanía. Ha pasado con las idas y vueltas en torno a la emergencia en seguridad, con las insistentes promesas de reforma al Poder Judicial, con la discusión de políticas a largo plazo sobre asuntos estructurales imaginando una Mendoza de aquí a treinta años, y viene ocurriendo con la reforma de la Constitución provincial sumergida en un pantano permanente.
Pérez, a un año y medio de dejar el gobierno, ha logrado lo que pocos: que a esta altura pocos o nadie puedan identificar cuál será el aporte distintivo que permitirá recordar su administración. Todavía, en verdad, está todo por hacerse y nada hecho. En veremos. Y los temas de fondo, a excepción del Plan de Ordenamiento Territorial que ha comenzado a discutirse detrás de la sanción de una ley definitiva que lo reglamente y que determine las competencias de los municipios y que separe por regiones a la provincia, el resto de los objetivos que se plantearon planean en el aire sin tocar tierra nunca, sin solución de continuidad.
En lo coyuntural todavía no se puede sacar una conclusión de qué resultará de ese supuesto enfrentamiento que han querido ver algunos al decidir continuar con la licitación de las ocho áreas petroleras que esta semana cumplió la apertura del segundo sobre en todo este proceso. Luego de la embestida de la petrolera YPF y del propio Gobierno nacional para que las provincias petroleras modificaran los procedimientos administrativos en los que se basan las licitaciones para beneficiar a YPF, se creyó ver que el gobierno mendocino desactivaría el proceso para que la empresa estatal se presentara y se quedara con la mejor porción de las áreas.
Pérez decidió continuar, como correspondía, garantizando la seguridad jurídica y administrativa de lo que salió a ofrecer la provincia. Pero como con la nación nunca se sabe, hay quienes creen que ese gesto independiente del mendocino podría acarrearle problemas, lo que se verá más adelante.
Si parece ser cierto que la presión nacional sobre el recurso petrolero, desembocaría en una revisión de las condiciones que Mendoza ha impuesto a YPF y a otras compañías interesadas en explorar y explotar las áreas que quedan por ser licitadas. Con lo que es probable que el acarreo que les pretende cobrar EMESA (la empresa provincial de energía) a sus compañías socias (la petroleras inversoras) podría quedar en suspenso, a cambio de que se obtengan otros beneficios, como aportes extraordinarios, modificación de los cánones, un retoque en más de lo que pagan por regalías y la prédica constante de Pérez para que se calculen esas regalías sobre la base del valor del crudo a nivel internacional y no a un 30 por ciento menos como es en la actualidad.
Los días transcurren narcotizados por el Mundial Brasil 2014 y por el entusiasmo que provoca el Seleccionado que comanda el gran Leonel Messi. Cuando todo termine esperando lo mejor para los nuestros, como cuando bajan las aguas aparecerán en la superficie los problemas de siempre. Cuando llegue el momento, todo volverá ala normalidad y allí no habrá otras excusas u otro entretenimiento que impida explicar las cosas que siguen sin funcionar, desde hace mucho.
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