martes 28 jun 2022
Por Marcelo Torrez

Más que un Estado ausente, un Estado ineficiente, inútil y bobo

La agenda oficial fue borrada de un plumazo por la realidad y por primera vez con tal magnitud y dimensión salió a la luz la falta de correspondencia entre el gobierno y la sociedad. Interés de un grupo versus el interés común de un pueblo que da señales de hartazgo, de impotencia y de no esperar más promesas. La peor respuesta ante la indiferencia estatal: el salvajismo propio de las bestias.

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4 de abril de 2014 - 08:00
Nada, absolutamente nada, ha logrado superar el gran tema de los argentinos por estas horas y que se vincula directamente con el salvajismo que ha comenzado a apoderarse de unos cuantos ciudadanos decididos –nos sorprenderíamos de saber a ciencia cierta el número– a tomar la justicia por su cuenta, pasando a la acción deliberada para conseguir, por la vía de la fuerza, que se cumpla lo establecido por las leyes, junto con la sanción ejemplar, porque el Estado, que existe y que bien presente está, no se ocupa.

La agenda de asuntos públicos son esos temas de los que habla la gente con otra gente y de los que no se puede salir porque no hay nada más importante de qué ocuparse. Son los temas comunes, asumidos como parte de la realidad que nos toca vivir y que abordamos con más o menos interés conforme con el lugar en el que nos encuentra. Aquí o enfrente, beneficiados o perjudicados, dolidos o felices, conformes o disconformes, esos hechos con los que nos involucramos de manera natural porque los aceptamos como propios en la vida en sociedad.

Los gobiernos, todos, han intentado desde siempre imponer su agenda. Controlar lo que se habla, lo que se dice, conseguir reacciones favorables a sus acciones, conducir a un pueblo detrás de un objetivo e interés que pocas veces coincide con el común.

Los políticos –sin que se le dé al término una valoración peyorativa, sino políticos entendidos como actores trascendentes de nuestras visas– rápidamente han marcado los límites en lo que el fenómeno de los linchamientos y de la justicia por mano propia los ha encontrado. La oposición ha coincidido en eso de la “ausencia del Estado” y detrás de esa definición consiguió un norte que la aglutinó –aún en las diferencias– para defenestrar a quien tiene la máxima responsabilidad en la administración del Estado, es decir al gobierno.

El gobierno, en cambio, no sólo reacciona acusando de fascista a esa oposición, sino que le adiciona, a una ira que tiene más que ver con la impotencia, su adversario favorito, el de los medios de comunicación a quien ahora responsabiliza de sobredimensionar el fenómeno social –cuando no de alentarlo– que ha comenzado a vivir el país; un gobierno incapaz de reparar que se trata de una suerte de bola de nieve que amenaza con ganar volumen en la medida en la que tanto oposición como gobierno continúen ajenos a un camino que los lleve a comprender lo que está pasando, divirtiéndose, patéticamente, en la búsqueda del descalificativo más ocurrente, y de argumentos tan superficiales que lo único que explican, en verdad, es la distancia cada vez más profunda que los separa del pueblo, de la gente, de los ciudadanos, de la comunidad. Una locura total, como la voluntad bestial de los ajusticiamientos.

El Estado en la Argentina es un Estado bien presente, en contraposición a las últimas expresiones conocidas. Pero ineficiente y bobo. Los contribuyentes argentinos han engrosado sus aportes en impuestos en el último mes en más de un 30 por ciento respecto del mismo período del año pasado, lo que fue anunciado casi en medio de un jubileo por la AFIP. Recursos, aunque escasos, existen para hacer funcionar el sistema de seguridad, para pagar policías, maestros, médicos y buenos instructores, si se pensara en serio, para quienes forman parte del sistema de seguridad.

También hay recursos para sostener todo un sistema de justicia eficiente. Hay jueces y fiscales en las oficinas de tribunales, además de un ejército de auxiliares puestos a disposición de un servicio que debería tender a la excelencia en cuanto a su prestación. Pero las respuestas no convencen, las irregularidades abundan y las sospechas de que la maquinaria del Estado es cada vez más voluminosa y menos efectiva se extiende a fuerza de hechos concretos, no de sensaciones.

Es incorrecto asegurar que tenemos un Estado ausente, aunque sí cada vez más inútil. Los bolsones de ineficiencia abundan y los gobiernos actuales, en todos los niveles, evitan revisar los gastos porque se ha vuelto a instalar con fuerza el enfrentamiento ideológico por el ajuste sí o el ajuste no. Entonces quienes administran hoy el Estado evitan hacer olas en ese sentido por el sólo hecho de lanzar la pelota hacia delante, hacia la nada, por el temor de ser tildados de ortodoxos y caer en esa falsedad de que por ser eficiente se es un ajustador, cuando las oportunidades que se pierden hoy al dejar para el que venga, para el próximo la búsqueda del profesionalismo y la máxima calidad en el manejo de los fondos públicos, se paga en chicos menos formados, en jóvenes menos capacitados, en infraestructura vetusta y desvencijada, en una decrepitud generalizada para todos.

La reacción que han tenido los funcionarios del gobierno y la propia presidenta por los salvajes intentos de linchamiento ha ido por el lugar menos indicado, aunque sí esperado a la luz de las respuestas que suele elaborar una administración que basa en una constante conspiración en su contra, cualquier crítica a calle, la de la cotidianeidadtiastias.zgo, de impotencia y de no esperar mor promenda, la de la calle, la de la cotidianeidadtialos pasos que da. Y cuando la agenda pública se corre de lo único que el gobierno considera pertinente y razonable, casi siempre sus propias medidas y acciones, todo lo que sucede está hecho para perjudicarlo, cuando no poniendo en jaque la institucionalidad.

Alejandro Katz, el ensayista que con sus trabajos develó el funcionamiento contradictorio de toda la maquinaria oficial en los últimos años en varios aspectos, –como en el uso y aprovechamiento que le dio el kirchnerismo al debate sobre los Derechos Humanos en el país apoderándose de sus banderas y de todas las reivindicaciones como si nadie nunca antes hubiese luchado contra el latrocinio de la dictadura, por ejemplo, o en lo que tiene que ver con la política de inclusión que para el crítico ensayista se ha tratado de una gran simulación–, se preguntó esta semana dónde estuvo el Estado en los últimos años para contener a un chico de 18 años que terminó literalmente asesinado en Rosario por una turba de exaltados que lo acusó de robar un bolso a una mujer en la calle. “Hace diez años, cuando llegó Kirchner al poder, ese chico asesinado tenía tan sólo 8 años”, reflexionó Katz, advirtiendo que hay toda una generación de jóvenes para quienes no resultó nada efectiva la política de inclusión del gobierno.

La verdadera inclusión, para Katz, tiene más que ver con las herramientas que el Estado le permite alcanzar al que no las tiene o no las puede tener, para igualar sus posibilidades con aquellos que, por recursos, por esfuerzo, por azar o por formar parte, en gran medida, de las clases dominantes y adineradas del país, poseen. Se trata de acercar herramientas  para conseguir con más chances las oportunidades que suelen pasar pocas veces en la vida. La inclusión, insiste Katz, es contar con la posibilidad de elegir, de ser formado para poder elegir y no quedar a expensas, exclusivamente de la asistencia del Estado.

El asistencialismo, desde ya, ha sido en la historia de nuestro país una de las más fenomenales armas electorales de diferentes gobiernos que se han comportado como señores feudales repartiendo, como migajas, lo que no les pertenece como si fuera propio. Sin embargo, el gobierno debiera reparar en un cambio de conducta notable en buena parte de los asistidos –a quienes por otra parte considera de su propiedad– que durante las elecciones del año pasado le dieron la espalda a un modelo desgastado desde hace tiempo y anacrónico en gran medida.

En verdad, el Estado no está dando respuestas a estos fenómenos. Cuando se percibe la falta de justicia y de criterios de sentido común en momentos de gran conmoción, como sucede por estos días en el país, no se hace otra cosa que apagar el incendio con nafta. Como lo ha hecho el juez porteño Facundo Cubas que no dudó en darle la libertad a un hombre de 33 años doce horas después de que fuera detenido por vecinos en Palermo y que salvara su vida por la intervención del actor Gerardo Romano quien evitó el seguro linchamiento al protegerlo hasta la llegada de la policía.

La decisión de Cubas –la cara visible de un sistema que necesita revisión– quizás se ajustó a derecho. Pero ignoró el estado de conmoción en el que vive el país. Y acentuó la sensación de que los delitos en el país no tienen penas y que la impunidad se apoderó de todos los niveles delincuenciales que se cometen sin distinción de clases en donde abunda la alta corrupción, con fenomenales redes de protección política y económica junto a la narcocriminalidad, el raterismo y las más variadas caras del delito común y el crimen organizado.

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