Excepciones tributarias

La Justicia suspendió el convenio por el juego que beneficia a Cristóbal López

La jueza Liberatori interpuso una cautelar para frenar una de las cláusulas del convenio por la cual el gobierno porteño renuncia a cobrar Ingresos Brutos a los casinos y tragamonedas

Por Sección Nacionales
La Justicia ordenó una medida cautelar para suspender parcialmente el convenio firmado por el gobierno porteño y la Nación, que permitiría que los los casinos no paguen una importante deuda tributaria. Se trata de una medida que beneficia, entre otros empresarios, a Cristóbal López, dueño de el casino flotante de Puerto Madero y las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo.

Según determinó hoy en su fallo la jueza en lo contencioso administrativo porteño N° 4, Elena Liberatori, la cláusula que será suspendida es la 3.2, un apartado en el que el gobierno porteño renuncia a cobrar Ingresos Brutos a los casinos y tragamonedas. La denuncia había sido radicada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez

Las empresas de juego mantienen con la ciudad una deuda impositiva de más de $2400 millones en concepto del impuesto a los ingresos brutos.

Mauricio Macri le endilgó a la Justicia la responsabilidad por no poder cobrar la deuda , y en su lugar impuso un canon por el que recibiría $300 millones anuales, mediante un acuerdo en el que participaron la Lotería Nacional y el Instituto del Juego.

En la cláusula que fue suspendida hoy por Liberatori, no obstante, queda explícito que el cobro del canon significará la renuncia al cobro de impustos que tienen las casas de juego. El artículo sobre el que pesa la cautelar dice: "Las partes acuerdan que la percepción de las sumas convenidas (...) significará la extinción de las pretensiones o créditos relacionados con el pago de los Ingresos Brutos o de cualquier otra tributación específica".

Desde Pro aseguran que, a pesar de este entendimiento, la Ciudad aumentará los ingresos que recibe por los juegos de azar.
"Nulo e inconstitucional"

Cristóbal López, es uno de los empresarios incluidos en este acuerdo, ya que maneja el casino flotante de Puerto Madero y las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo. Ambos establecimientos están en conflicto judicial con la administración porteña desde que, en 2009, la ley tarifaria porteña estableció que las casas de juegos de azar debían tributar un 8% de sus ingresos en concepto de Ingresos Brutos.

En particular, Gil Domínguez consideró en su denuncia que el anexo del convenio que se refiere a la distribución de las ganancias de los juegos de azar entre la Nación y la Ciudad "es nulo e inconstitucional".

"Viola el artículo 6 de la Constitución porteña, porque no respeta la autonomía de la ciudad y el deber de preservarla. Tampoco respeta los artículos 17 y 50, que regulan los juegos de azar en la ciudad, y los permiten siempre y cuando todo lo producido se destine a políticas sociales. El convenio renuncia a esto", había dicho el abogado denunciante en diálogo con LA NACION.

Fuente: La Nación

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