Desbordes sociales

En alerta, los gobernadores apuran medidas preventivas

Hay preocupación y malestar porque creen que el Gobierno actuó mal en el caso cordobés. Preparan medidas.

Por Sección Nacionales
Preocupados por la expansión de las revueltas policiales y con temor a desbordes sociales, los gobernadores en pleno entraron en estado de alerta. En un clima enrarecido de fin de año, despliegan por estas horas medidas para "administrar" la escalada de protestas y evitar la propagación de saqueos.

El desvelo por ese combo de conflictos se conjuga con otro malestar de fondo: la mayoría le endilga, puertas adentro, falta de timing político al Gobierno por no haber intervenido antes en la estampida de saqueos en Córdoba, generada por la huelga de las fuerzas de seguridad provinciales. De haber actuado, sostienen, se habría evitado el efecto contagio que ya complicó a otras siete provincias en apenas cuatro días.

Esa demora inicial en el caso cordobés se derramó como un baldazo de desencanto en el peronismo que había celebrado el giro dialoguista y pragmático exhibido por la Casa Rosada, según confiaron a LA NACION mandatarios y dirigentes partidarios. La señal de apertura, que incluyó la convocatoria a jefes opositores, se topó con el fuego cruzado y la resistencia a auxiliar a José Manuel de la Sota, un cacique del PJ crítico del kirchnerismo.

Inquietos y con espíritu de manada, los gobernadores se zambulleron en intensas rondas telefónicas entre sí para sondear acciones preventivas y compartir lecturas. También redoblaron las charlas con su ex colega, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich. Los pronósticos que le arrimaban eran similares. "Esto empieza en Córdoba y después no lo para nadie", aventuró, con tono dramático, un gobernador del Norte al chaqueño que, del otro lado de la línea, insistía en que ninguna autoridad mediterránea le había solicitado el envío de Gendarmería, hecho que ocurrió a 48 horas del desbande.

Con la seguidilla de rebeliones policiales, el Gobierno reforzó el monitoreo en el interior y apura la respuesta a pedidos que elevan los gobernadores para cerrar focos de tensión latente: desde ayuda financiera hasta el traslado de gendarmes y prefectos para custodiar sus territorios.

Consultadas por LA NACION, desde las gobernaciones esbozaron los ejes del paquete antisaqueos, con la mirada puesta, sobre todo, en el 20 de diciembre, fecha simbólica en el almanaque de las convulsiones callejeras:

-Refuerzo de asistencia social en zonas marginales. Se realiza, en especial, en el sur del país, por la cercanía a Bariloche, centro de escaramuzas hace un año.

-Gestión de fondos urgentes para neutralizar manifestaciones. Eduardo Fellner (Jujuy) tramita apoyo para abonar el sueldo anual complementario. Francisco Pérez (Mendoza) se llevó el aval de la Casa Rosada para emitir un bono y hacer frente a los aguinaldos, según dijeron allegados a LA NACION.

-Articulación con supermercadistas. Por ejemplo, José Alperovich (Tucumán) acordó con las cámaras un operativo de seguridad bautizado "Felices Fiestas".

-Contención de las policías provinciales. Ayer, Martín Buzzi (Chubut) aceptó negociar el viejo reclamo del 88% de equiparación con el haber de un efectivo de Federal; y Daniel Scioli (Buenos Aires) prometió un incremento y beneficios para enero.

"Esto es bárbaro. La primera paritaria arranca con 50% de aumento", ironizó un gobernador, en referencia al acuerdo que forzaron los policías cordobeses.

Para los mandatarios es un pésimo antecedente en la antesala de la discusión con los gremios. Los inquieta, además, que la modalidad y los montos exigidos "desnaturalicen" las negociaciones que ya asomaban complicadas, en un escenario de sostenida inflación.

"El Gallego [De la Sota] es responsable, sin duda, porque se fue de viaje con un conflicto abierto, llegó y cedió todo. Pero en el Gobierno hubo miopía y mezquindad", argumentó un dirigente, conocedor del áspero ánimo en las provincias. Ese era, quizás, el máximo reproche hacia Capitanich, cara visible de las decisiones que, detrás de escena, toma Cristina Kirchner.

Fuente: La Nación

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