Análisis

Presupuesto 2017: con déficit y alto endeudamiento

"Las estimaciones de los ingresos públicos ya no están viciadas de origen", afirman.


El pasado 15 de septiembre el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el próximo ejercicio fiscal, que este año despertó muchas expectativas por dos motivos. 

El primero de ellos reside en que existía un gran interés en saber si el Presupuesto iba a recuperar tanto su función de ordenador de las expectativas económicas, como su rol de articulador entre la dimensión decisoria, competencia del Poder Legislativo, y la dimensión operativa, en cabeza del Poder Ejecutiva. 

Y el segundo, porque era el primer Presupuesto de la nueva administración y, por lo tanto, resultaba revelador de sus prioridades.

A diferencia de lo sucedido en los últimos tiempos, el contexto económico previsto refleja las expectativas dominantes. En otras palabras, las estimaciones de los ingresos públicos ya no están viciadas de origen. Por lo tanto, el Presupuesto 2017 vuelve a ser un instrumento referencial a la hora de evaluar los escenarios.

Por otra parte, aún rige la norma de 2006 que incrementa las facultades del Poder Ejecutivo para modificar el Presupuesto. Sin embargo, el Gobierno manifestó su intención de volver a un esquema de modificaciones que le devuelva al Legislativo su rol decisorio, dando en consecuencia otro importante paso en la dirección adecuada. 

En sus planes, el Gobierno prevé percibir ingresos por $1,88 billones (19,3% del PBI), y solicita autorizaciones de gastos por $ 2,36 billones (24,2% del PBI), lo que determina un resultado financiero deficitario de 4,9% del PBI, similar al previsto para 2016.

Surge así la primera gran revelación del Presupuesto 2017, confirmada por el viceministro Pedro Lacoste, y que consiste en que la idea del Gobierno es postergar la reducción del déficit para el momento en que el ciclo económico se encuentra en la etapa alcista, lo que constituye una buena noticia.

Por el lado de los ingresos, se prevé que la recaudación crezca un 25,2%, lo que implica un incremento de la presión tributaria efectiva (segunda revelación). 

Pero quizás lo más significativo, surge de analizar algunos impuestos. En este punto aparecen algunas situaciones que no resultan auspiciosas, ya que van en la dirección opuesta a los objetivos deseables de largo plazo, como el incremento del impuesto más regresivo (el IVA), o del que más obstaculiza la formalización de la economía (Débitos y Créditos), o del que afecta a la competitividad externa (Derechos de Exportación), así como también la fuerte reducción del impuesto al patrimonio (Bienes Personales).

En el plano de los gastos, se destaca el fuerte impulso del Gasto de Capital, de las Prestaciones de la Seguridad Social, y de los Intereses, y la marcada reducción de transferencias en concepto de subsidios energéticos.

Un aspecto a destacar es que el aumento en gasto social está concentrado en acciones de transferencia de ingresos, mientras que el gasto destinado a la provisión de bienes o servicios de carácter social, como Salud y Educación, presentan una variación de apenas el 16%. 

Si bien las transferencias constituyen un instrumento muy eficaz, las acciones sociales gubernamentales con mayor profundidad y capacidad de transformación estructural están vinculadas a la provisión de bienes y servicios de calidad y accesibilidad irrestricta.

Por último, el Presupuesto pone de manifiesto la necesidad de cubrir una brecha financiera, que en términos netos equivale al 10% del PBI. 

Esta situación revela que habrá un incremento de la Deuda Pública neta, lo cual dado el relativamente bajo nivel de endeudamiento actual y el amplio acceso a los mercados, no debería constituir una preocupación de corto plazo. 

No obstante, es clave evitar que las autoridades económicas apelen a este mecanismo de manera sistemática, que siempre se corta abruptamente, cuando se descubre que la deuda, que era baja y manejable, dejó de serlo y pasó a convertirse en un gran problema.

*Guido Rangugni es Licenciado en Economía de la UBA, consultor, docente universitario en UCES, USAL y Udesa y miembro de la comisión directiva de Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

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