Enrique Thomas sobre el nuevo reglamento policial: ¿Un derecho de derecha?

La reciente resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que regula el uso de armas de fuego en las fuerzas de seguridad generó reacciones dispares y diferentes posturas dentro de la política.

La medida, que entró en vigencia este marte, tendrá jurisdicción para la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria

El secretario de Gestión Federal de la Seguridad de la Nación, Enrique Thomas afirmó a través de una nota de opinión que "el nuevo reglamento policial no solamente ofrece protección y respaldo legal al agente de seguridad pública sino, fundamentalmente, establece un marco operativo, claro y definido, para que las fuerzas federales puedan llevar a cabo su función específica: defender a ciudadanos cuya vida e integridad se encuentren amenazadas. Tarea abnegada y democrática como pocas". 

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Desde hace décadas, casi toda discusión pública sobre seguridad ciudadana se viene desenvolviendo entre posiciones antinómicas de "mano dura" y "abolicionismo". Es una discusión inconducente, sin dudas, pues ninguno de los extremos responde a una doctrina efectiva en la materia, sino a generalizaciones oriundas de la charla parroquial o la literatura propagandística. 

La reciente resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación, destinada a regular el uso de armas de fuego en las fuerzas de seguridad federales, rompe decididamente con la hibridez de esta controversia. Entre otras razones, porque define un principio de necesidad en el empleo de la fuerza ante hechos violentos o delictivos que pongan en riesgo la vida o la integridad física de las personas. 

¿A qué se refiere la expresión "principio de necesidad en el empleo de la fuerza"? De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, se trata de uno de los patrones (junto al de legalidad y proporcionalidad) cuya adopción es imprescindible para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Precisamente, el sentido de este nuevo reglamento consiste en devolverle a las fuerzas policiales el sentido último de su responsabilidad primordial, que es la de resguardar el derecho ciudadano a la seguridad. Un derecho que, lejos de colisionar con las garantías individuales, como han afirmado livianamente algunos personajes mediáticos, es transversal a todos los derechos reconocidos, explícita e implícitamente, en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales incluidos en ella. 

¿Existe aquí algún rasgo de fascismo o nostalgia dictatorial? Ni en lo más mínimo. Al restituir el principio de necesidad, tan desdibujado en los últimos años, el nuevo reglamento policial no solamente ofrece protección y respaldo legal al agente de seguridad pública sino, fundamentalmente, establece un marco operativo, claro y definido, para que las fuerzas federales puedan llevar a cabo su función específica: defender a ciudadanos cuya vida e integridad se encuentren amenazadas. Tarea abnegada y democrática como pocas. 

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