Límite a las reelecciones: demasiadas chicanas para un reclamo de sentido común

Cornejo avanzó en la promulgación de la enmienda del 2009 asumiendo el riesgo de que la Corte lo declare inconstitucional. Pero buscó un objetivo que parece haber conseguido ya, mientras el peronismo se debate en sus propias contradicciones.

Mientras el peronismo somete al estudio y análisis de un grupo de juristas partidarios el decreto que promulgó la reforma del artículo 189 de la Constitución, el que limita a una sola la reelección de los intendentes, el gobernador Alfredo Cornejo degusta las mieles de lo que considera se ha tratado de una de las exigencias de sentido común para la política de buena parte de la ciudadanía.

No es cierto que a Cornejo no le ha importado la forma y el método al que apeló para ponerle un freno a los cacicazgos territoriales. Está claro que hubiese preferido que su proyecto de reforma de la Constitución integral -el que auspició a poco de arrancar la gestión y que fracasó-, hubiese avanzado con éxito y además de incluir allí el limitar las reelecciones para todos los cargos electivos de los intendentes, sumar también a los legisladores provinciales y concejales, y que se habilitara, claro está, la reelección por un solo período para el cargo de gobernador y vice, vedados por la Constitución de 1916.

Pero, así como tomó la decisión de dar el paso de la promulgación de la reforma, asumiendo riesgos que están latentes, como esa posibilidad no despejada del todo de que la Corte imponga el viejo criterio de ratificar la doctrina Kemelmajer en caso de que algún afectado por la medida se lo reclame, Cornejo entiende que ya obtuvo el objetivo que vino a buscar con la maniobra: el de exponer a los caciques peronistas, y a todo el PJ en verdad a la luz de cómo reaccionaron sus cuadros, en contra del reclamo generalizado que cree que existe por una necesaria transformación de la política con menos feudos, menos capataces y más sentido común, en sintonía con las mismas reformas que fue imponiendo en la administración del Estado.

Extraña cómo el peronismo sucumbe una y otra vez en este tipo de trampas, si se quiere, que le ha venido tendiendo el oficialismo de Cornejo en estos tres años de gestión. Tampoco se trata que, por cumplir a rajatabla el rol de oposición en el que lo ha puesto la sociedad con el resultado de las últimas elecciones, eso signifique un mandato inviolable para negarse y resistirse a cuestiones de cambio que naturalmente se van imponiendo no por la voluntad de un gobierno, hay que decirlo, sino más bien por imperio de la realidad y de la misma necesidad de cambio.

Es probable que el peronismo, al resistir el decreto y anunciar que posiblemente vaya a la Corte en su contra, esté satisfaciendo la demanda de un núcleo duro y fiel que le reclama diferenciarse todo lo que pueda del gobierno de Cornejo y que le pide, por esa vía, no modificar un ápice de una estrategia con la que sueña volver a gobernar la provincia. Pero de lo que no hay muchas dudas es que por ese camino también está evidenciando no haber decodificado las características de los nuevos tiempos.

Nuevos tiempos que están exigiendo a la clase dirigente y a los gobernantes mejorar la calidad de vida, estabilizar la provincia y el país desde lo económico, conseguir un Estado justo, con previsibilidad y posibilidades de planificación y que todo funcione de un modo normal, está claro. Pero estos objetivos que claramente no se están consiguiendo y por los que quizás la misma sociedad juzgue negativamente cuando llegue el momento al gobierno de Cornejo y al de Mauricio Macri en la nación, no anulan otros, más conceptuales y que tienen que ver con el funcionamiento institucional del Estado.

Y la campaña que se avecina bien podría ser un campo de discusión sobre la necesidad de una reforma de la Constitución, tema que nunca se aborda por diferentes y variadas excusas de poca monta pero que encierran, en verdad, la protección de intereses corporativos y mucho de especulación.

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