OPINIÓN
"Los causales de acusación fueron prácticamente inadmisibles"
Sábado, 23 de junio de 2012
Por: Magdalena López, miembro del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (IEALC-UBA)

Con la destitución del presidente de la República del Paraguay, Fernando Lugo Méndez, los destinos políticos del país se presentan dificultosos.

Las fuerzas conservadoras se articularon de manera tal que, mediante un proceso de “juicio político” plagado de errores, de temporalidades dudosas y, sobre todo, de causas inaplicables e insolventes fundamentos, lograron llevar adelante una estrategia política que podríamos calificar de nueva tendencia golpista. Es decir, una figura que se presenta como legal, que simula cumplir todos los requisitos exigidos por la norma pero que da por resultado la ilegítima remoción de un presidente elegido por mayoría en plena vigencia de la democracia y del estado de derecho en el año 2008.

El libelo acusatorio del juicio se sostuvo sobre 5 puntos que se presentaron como los “alegatos” en contra del presidente para confirmar el mal desempeño de la función. Uno de estos, remite a un operativo de desalojo de tierras ocupadas por campesinos que reclamaban su propiedad sobre las mismas, realizado en la ciudad de Curuguaty, que dejó un número de 17 muertos (situación que aún no se ha esclarecido). Otro de los puntos, menciona a una congregación de jóvenes en un Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas que se reunieron allí con presunto “permiso” presidencial para realizar un acto político en el año 2009. Un tercer punto refiere a la acusación de “creciente inseguridad” que se registra en el país. Los otros dos, al consenso de Usuahia II, que generó resistencia en los parlamentarios por considerar que “atacaba la soberanía” del país; y al caso de “Ñacunday” y la supuesta política de relación que el presidente tendría con los “carperos” e “invasores” de tierras.

Los causales de acusación fueron prácticamente inadmisibles. Además las pruebas necesarias para avalar estas denuncias no fueron presentadas ni fueron respetados los tiempos necesarios para la presentación de la defensa.

El ataque a la consolidación democrática en Paraguay evidencia la existencia de fuerzas reaccionarias que, arraigadas a las estructuras de poder económico y político, se violentaron ante los procesos de organización popular, concienciación social, politización de las/los paraguayas/os y reactivación de los reclamos por igualdad, reforma agraria, impuesto a la renta personal. Fenómenos todos exacerbados con el proceso inaugurado tras el triunfo de Lugo Méndez, que terminó con más de 60 años de hegemonía presidencial del Partido Colorado.

La resolución de este juicio político, absolutamente manipulado, forzado y alterado en su desarrollo legal nos advierte que las fuerzas tradicionalistas, conservadoras y golpistas pueden violentar todas las garantías del estado de derecho democrático con una fachada de legalismo.

Tras haber reconocido el veredicto del juicio, Fernando Lugo Méndez fue destituido, sosteniendo en su discurso final que “se iba por la puerta grande” y que acataba lo que por mecanismos democráticos se le había establecido.

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