La justicia escocesa declara "ilegal" la suspensión del Parlamento británico resuelta por Johnson
Miércoles, 11 de septiembre de 2019

El Alto Tribunal de Apelación de Escocia declaró hoy "ilegal" la decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de suspender el Parlamento del Reino Unido en el período previo a la salida del país de la Unión Europea (UE) el 31 de octubre.

Con esta decisión, los tres magistrados de la corte de Apelación de mayor rango de Escocia revierten la decisión inicial tomada el pasado 7 de septiembre por el juez Raymond Doherty, quien había considerado que la medida del premier estaba "ajustada a la ley".

Para los jueces, ordenar el fin del periodo de sesiones en Westminster es ilegal "porque tenía el propósito de obstaculizar la tarea del Parlamento", informó la agencia de noticias EFE.

La sentencia de primera instancia calificaba la maniobra de suspender el Parlamento como "una decisión política" y sugería que -como solución- el propio Parlamento usara los cauces políticos para defenderse.

Si bien el fallo de hoy constituye un duro golpe a Johnson, el proceso judicial no concluye aún y el gobierno británico ya anunció que apelará la decisión.

Además, no afectará de inmediato la suspensión actual del Parlamento.

Está previsto que la Corte Suprema, máxima instancia judicial británica, celebre una audiencia la semana próxima para evaluar este caso y otro presentado por la activista anti-Brexit Gina Miller, al que se sumo también el ex premier John Major.

Con el fallo, los magistrados del Tribunal de Apelación de Escocia, presidido por Lord Carloway, se pronunciaron sobre la demanda presentada por un grupo de más de 70 diputados británicos, que pidió que se estableciera la legalidad de suspender la Cámara de los Comunes, suspensión que se inició ayer y hasta el 14 de octubre, como decidió Johnson con aval de la Reina Isabel II.

Los partidos de la oposición -con el respaldo de un grupo de 21 diputados conservadores descontentos con la gestión de su gobierno- aprobaron la semana pasada una ley que obliga al premier a pedir una prórroga del Brexit si no llega a un acuerdo con la Unión Europea (UE) el 19 de octubre, con el objetivo de evitar una ruptura no negociada.

Los parlamentarios que se querellaron contra el gabinete conservador consideran que el objetivo de Johnson es silenciar al Parlamento con la estrategia de clausurarlo de cara al Brexit.

El objetivo del primer ministro es presentar su agenda legislativa para el próximo año en lo que se conoce como el "Discurso de la reina" el 14 de octubre.

Entre los firmantes de la demanda, liderada por la diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, están también la líder de los Liberales Demócratas, Jo Swinson, varios parlamentarios laboristas e independientes y el activista Jo Maugham, de la asociación contraria al Brexit "The Good Law Project".

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