Una simple situación de rutina para las fuerzas de seguridad puede terminar en un trastorno para las y los civiles que intentan realizar su vida cotidiana sin mayores complicaciones. En esta ocasión, los inconvenientes recaerán sobre un vecino de Godoy Cruz, cuando se entere que destruyeron la puerta de su casa por un error de una jueza al redactar una orden de allanamiento.
Este lunes, un equipo de policías de una de las divisiones de investigaciones del Ministerio de Seguridad se predispuso, desde temprano, a comenzar una jornada de 15 allanamientos por distintas partes del Gran Mendoza. Así, el primero ocurrió alrededor de las siete de la mañana, luego de levantar de la calle a quien iba a oficiar de testigo (una obligación ciudadana que, por la normativa vigente, es irrenunciable) y dirigirse a la zona del Barrio Bancario.
Allí, el grupo de siete integrantes (dos mujeres y cinco varones) se presentó en el lugar, tocó el timbre y, ante la sorpresa de encontrarse en el medio de la noche con desconocidos en vehículos sin identificación que pedían entrar a su vivienda, la mujer que vivía en uno de los departamentos del complejo se negó a abrir la puerta.
A partir de esto, quienes participaban del operativo decidieron utilizar la fuerza pública. Con un ariete, la primera cerradura quedó inhabilitada y el siguiente paso fue hallar cuál era el "departamento 4", indicado por una magistrada del Poder Judicial como el domicilio del individuo buscado por cometer una serie de delitos.
En la escalera, la mujer que había sido despertada previamente detalló dónde se encontraba esa numeración: precisamente al lado del inmueble que ella alquilaba, es decir, el departamento 3.
Tras el dato, otra puerta debió ser derribada: en el interior de ese alojamiento no había nadie. Según se supo, su inquilino se había ido hacía más de un mes y solo ingresaban, cada tanto, sus hijas a limpiar el espacio.
Hasta aquí, el procedimiento continuaba como de costumbre: los efectivos concretando el allanamiento y labrando el acta correspondiente. Sin embargo, el problema surgió cuando la vecina aclaró que la persona a la que buscaban era uno de sus hijos, y la casa en la que tendrían que haber recabado evidencia era la suya ya que, al parecer, el sospechoso había indicado que esa era su dirección.
De esta manera, el operativo finalizó, el departamento quedó con la puerta rota y el cuerpo policial se retiró para ir hacia la locación apuntada por la madre del presunto criminal. Por un solo error humano (una equivocación al anotar la numeración de la vivienda por parte de la autoridad judicial), ahora un ciudadano común deberá invertir tiempo y dinero en dejar su vivienda en condiciones.