Reelecciones: cuando la política está ausente, las instituciones y la República tiemblan
Miércoles, 13 de marzo de 2019
Por: Marcelo Torrez En Twitter @MarceloTorrez

La crisis institucional que se desató con la promulgación de la enmienda que modificó el artículo 198 de la Constitución, prohibiéndole a los intendentes con más de dos mandatos encima volver a presentarse como candidatos para las elecciones de este año, se contaminó por, sobre todo, de condimentos políticos, más que los jurídicos que cada una de las partes en conflicto han levantado como argumentos válidos para defender su posición. Las partes enfrentadas, como ya se sabe, son el Poder Ejecutivo conducido por Alfredo Cornejo y los cuatro intendentes peronistas que se vieron directamente perjudicados con aquel decreto de promulgación, esto es los caciques Jorge Omar Giménez (San Martín), Emir Félix (San Rafael), Roberto Righi (Lavalle) y Martín Aveiro (Tunuyán).

La síntesis apretada, desprovista de terminología jurídica, nos lleva a resumir que para Cornejo los intendentes aludidos, a los que se suman Mario Abed (Junín) y Jorge Difonso (San Carlos) aunque optaron por no protestar ante la Corte marginándose de la cautelar que sí presentaron los cuatro peronistas, tienen impedida la posibilidad de volver a presentarse como candidatos por la promulgación de aquella reforma que estaba pendiente, por discutida, del año 2009. Para Cornejo resultó suficiente que la reforma de ese artículo haya sido avalada por el 83,1 por ciento de quienes fueron a votar por la modificación del artículo. Los intendentes, en cambio, cuando fueron a la Corte argumentaron en su favor que aquel caudal de votos favorable no alcanzó a superar la mitad más uno de los empadronados, de los que estaban habilitados para votar, precisamente el punto que hoy está en discusión, en el centro de toda la atención, a la luz del debate si aquella interpretación que quedó así soldada desde y por el fallo Kemelmajer en adelante, no es, en definitiva anacrónica y descalzada de la visión mayoritaria que tiene la ciudadanía en contra de las reelecciones indefinidas.

Pero las motivaciones que llevaron a todo este gran lío en el que está dando vueltas la institucionalidad de Mendoza tiene raíces políticas y la solución debiese ser, también política.

Si Cornejo hubiese conseguido, al comienzo de su gestión, el apoyo sostenido y amplio de los intendentes opositores para ir por una reforma amplia de la Constitución, está claro que no hubiese avanzado en la promulgación de la reforma del 198. Se presume en principio que nada de lo que pasó después se habría realizado porque la reforma en sí, de haber prosperado, habría incluido una resolución al tema de las reelecciones, de todas, no sólo la de los intendentes. Pero al no conseguirla, Cornejo juró vengarse hacia el fin del mandato.

Cornejo y los intendentes alimentaron al comienzo lo que se presentaba como una buena relación, colmada de negociaciones políticas, todo en pos y en beneficio de la buena salud institucional basada en el diálogo y en la resolución de los problemas. Los primeros encuentros fueron reservados. Cornejo de tanto en tanto hablaba con todos los intendentes peronistas. Y en privado, según reveló el gobernador varias veces, había coincidencia en la necesidad de la reforma. Mientras cobraba cuerpo y volumen la intentona reformista de la Constitución, con aquellos dos proyectos que encabezaban cada uno por su cuenta la vicegobernadora Laura Montero y el senador Juan Carlos Jaliff, y al ritmo en que se sucedían en el propio peronismo algunas divisiones sobre el tema, surgía con fuerza la sospecha que detrás de la reforma lo que había en verdad era conseguir el objetivo de habilitar la reelección de Cornejo, vedada por la Constitución. Luego se sumaría el avance fallido de Cornejo para modificar el número de miembros de la Corte y los propios problemas internos que afloraban en la coalición de gobierno entre los radicales y los demócratas, éstos últimos férreos opositores a los dos objetivos centrales que se había prometido cumplir Cornejo.

"Lo que me dicen en privado luego lo cambian en público", diría el gobernador tras el fracaso de la reforma culpándolos por ello, para agregar que los intendentes del peronismo no eran -ni son, dice todavía- de fiar.

Celso Jaque y Francisco Pérez, los últimos gobernadores peronistas, también amagaron en su momento con promulgar la enmienda. Siempre sobre el fondo de la cuestión se movía si la cantidad de votos que había alcanzado el SÍ en aquel momento legitimaba o no la promulgación. No lo hicieron nunca, pero Pérez estuvo muy cerca, por convencimiento y por mantener en algún momento una relación tirante con los caciques que le dominaban el accionar del partido.

El tiempo pasó durante la administración de Cornejo mientras la relación con los intendentes más se ensuciaba y contaminaba. Hasta que n hubo más diálogo y el gobernador salió a buscar otros interlocutores, como la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, líder de Unidad Ciudadana e interesada en su momento en limar el poder de los intendentes. Y en noviembre del año pasado Cornejo avanzó con la promulgación firmando, el 18 de ese mes, el decreto 2010, el que está discutido en la Corte.

Las motivaciones de la promulgación, lejos de aquella sensación que existe en verdad, instalada fuertemente, de que las reelecciones deben acotarse para permitir la alternancia y fortalecer el concepto republicano de la Constitución, fueron a todas luces políticas y como respuestas a las constantes idas y vueltas y desplantes de los propios intendentes hacia Cornejo. La promulgación pudo haberse firmado mucho antes de cuando se hizo, cercana al inicio de cronograma electoral y para dejar fuera de carrera a intendentes que al margen de dar a entender que quieren aferrarse al sillón que detentan, son aceptados en sus comunas, con administraciones que la mayoría de los vecinos aprueba con índices altísimos.

La picardía y los golpes bajos pasaron a ser, entonces, el condimento a una relación quebrada. Los intendentes adelantaron las elecciones e incluso uno de ellos dio a conocer el llamado a elecciones por medio de una resolución sorpresa firmada supuestamente antes de que se diera a conocer la publicación del decreto 2010, por el que Cornejo promulgó la enmienda.

Con lo que la salida al entuerto, para evitar un daño irreparable desde lo institucional y para evitar también las chicanas judiciales interminables que embarran y demoran la decisión final de la Corte sobre el fondo, sobre la constitucionalidad o no del decreto, es eminentemente política y luego de un acuerdo firme entre las partes. Quizás debiese ser salomónica, que estos intendentes sean los últimos de la era reeleccionista sin fin. Pero, lo que surge como sentido común, para los actuales actores de la política no lo es. Y esto va para cualquier tema de importancia, de envergadura y estructural, Mucho menos de cara a un proceso electoral cargado de odio, grietas e intereses personales.

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