La solución al plus del gas: cómo se gestó desde Mendoza
Miércoles, 10 de octubre de 2018
Por: Marcelo Torrez En Twitter @MarceloTorrez

Finalmente, el gobierno de Mauricio Macri debió sepultar la decisión de la Secretaría de Energía de trasladar a los usuarios del gas el costo de la compensación a las energéticas por la devaluación que entraría en vigencia en enero del 2019 y que se pagaría por el término de dos años, en cuotas de entre 90 y 100 pesos con un interés superior al 45 por ciento.

La marcha atrás a la medida, que había ideado el secretario Javier Iguacel firmando la resolución que fue publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial, comenzó a tomar cuerpo el martes a la noche cuando la oposición, casi en su conjunto, amenazó con hacer caer los acuerdos alcanzados para debatir el presupuesto 2019 en una sesión especial prevista para el 24 de octubre, en caso de que no se aceptara dejar sin efecto la polémica resolución. Esa advertencia tuvo el efecto de una bomba de alto impacto a punto de estallar, porque de caerse el pacto con la mayoría opositora, correría serio riesgo a la vez el conjunto de acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional.

Con lo que la tarea de apuntalar los puentes que se habían tendido con el peronismo recayó en Rogelio Frigerio, el ministro del Interior de Mauricio Macri, el funcionario de mayor confianza de la oposición y dueño del perfil político más importante del gabinete. Todo indica que mientras Frigerio buscaba tranquilizar al congreso, también se había dispuesto que el presidente podría ratificar la resolución en la mañana del miércoles como en verdad terminó sucediendo, con declaraciones que Macri daría a una radio de Olavarría.

Mientras, Frigerio en Buenos Aires y Nicolás Dujovne en Asia -el ministro de Economía se encuentra allí participando de una reunión del Fondo Monetario-, se encargarían de negociar con las energéticas cómo y de qué forma se les reconocería la compensación que reclaman por el efecto de la devaluación.

Pero el principio de solución lo aportaron los radicales que, fastidiados por no haber sido advertidos de la decisión de Iguacel, reclamaron la revisión de la medida acercándole al presidente el plan que, todo indica, se va a llevar adelante para cumplir con las energéticas y evitar que sean los usuarios, en forma directa y por la vía de su boleta de consumo, los que costearían el monto de la compensación cercano a los 15 mil millones de pesos.

Dos funcionarios mendocinos tuvieron una especial participación en la elaboración de la alternativa. A Natalio Mema, el subsecretario de Servicios Públicos y a Emilio Guiñazú, el responsable del área energética, ambos de la provincia, se les adjudica la propuesta de solución al problema por la que ha optado el gobierno de Macri.

Mema y Guiñazú elaboraron el documento que el martes a la noche Cornejo discutió con Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy y que trascendió promediando el miércoles, y es el mismo que Frigerio les acercó a los senadores y diputados de la oposición para restablecer la calma.

La solución fue presentada como extraordinaria y por última vez. Porque se trata de subsidiar, con fondos que saldrán posiblemente de un bono a dos años, los 350 millones de dólares que representan la compensación a las energéticas. Se calcula que serán unos 15 mil millones de pesos los que se les reconocerá a las empresas, un poco menos de lo que exigen. La diferencia, de unos 5 mil millones de pesos, será absorbida por las mismas concesionarias.

La compensación reclamada por las empresas se constituyó en una tormenta perfecta para el gobierno con un altísimo costo político, mucho más cuando ya había tomado la decisión de trasladarle a los usuarios el cargo compensatorio en medio de un estrés social explosivo.

Por contratos y la ley vigente, una norma sancionada en pleno menemismo en el año 1992, las empresas generadoras venden el gas a las distribuidoras al valor del dólar y a ese precio lo deben pagar los consumidores. Las transportistas no fueron autorizadas a trasladar el costo adicional de la devaluación durante el último invierno para recuperarlo, de acuerdo con lo que se había acordado, en el verano siguiente. Pero en el medio se produjo la devaluación, la que arrancó en abril y que alcanzó valores superiores al 100 por ciento. Las energéticas deben ser compensadas, entonces, con la diferencia. De lo contrario demandarían al Estado. Todas las demandas, además, fueron perdidas por la Argentina ante los tribunales arbitrales internacionales.

El gobierno creyó -otra vez haciendo un mal cálculo político sin evaluar la reacción en su contra que tendría la medida-, que en este plan de salir de los subsidios en el que está embarcado, de clarificar el costo real de la energía, que el plus compensatorio se aceptaría sin pena ni gloria. El resultado a la vista de todos está: fue con toda la pena y nada de gloria.

Los radicales le hicieron saber a Macri que la solución extraordinaria es horrible, porque en parte significa volver al esquema de subsidios del que se quiere salir, pero la única posible sin que los costos resultaran devastadores socialmente. Además del problema político con el posible rechazo del presupuesto.

El bono por el que terminarían cobrando las empresas terminaría significando un monto casi insignificante con el nivel de subsidios que se pagaron hasta el 2014, por caso, una suma que superó los 178 mil millones de pesos en el sector. Con ese argumento fueron los radicales para terminar imponiendo la solución al problema; una solución "extraordinaria y por única vez", prometieron.

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Comentarios
Juan
10-10-18 22:31
Sre son funcionarios públicos y no ceo de empresas, y por ende deben estar al servicio de la comunidad y no de las empresas. El estado no debe hacerse cargo del desfasaje del dolar y las empresas de una ves por todas tienen que asumir el riesgo empresarial y si no que se re estatizen.
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