Conflicto
¿Pueden caerse 10 mil cargos del Estado? La Corte decide
Jueves, 24 de mayo de 2018
Por: Mariano Fiochetta - @mfiochetta

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mendocina resolverá en breve un planteo de inconstitucionalidad presentado por una asociación debido a una serie de decretos firmados en 2015. Si el fallo acompañase la denuncia, se caerían cerca de diez mil cargos del Estado, entre esos, siete mil titularizaciones docentes.

El organismo que plasmó el recurso judicial es la Fundación del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH), con el auspicio del estudio jurídico Pérez Hualde, perteneciente a los hermanos del juez de la Corte que está por jubilarse. Por ello, en su momento varios sindicatos recusaron al ministro.

Según explicó a SITIO ANDINO el abogado del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), Alexis Barraza, en el planteo se sostiene que los ingresos al Estado deben realizarse por concurso y con acreditación de idoneidad. Asimismo, se pidió la nulidad de los acuerdos paritarios por violar la estructura orgánica del Estado y el principio de idoneidad como fundamento para el ingreso a la función pública.

Los pases a planta se hicieron efectivos en 2015. Foto: Axel Lloret.

Cuando comenzó el proceso (a principios de 2016), Barraza representaba al gremio de Judiciales y tuvo que responder como defensor. En esa instancia, contestó la solicitud con el argumento de que uno de los casos testigo que se habían utilizado era el de una persona que nunca probó que había intentado acceder a un cargo del Estado.

"En casi todas las paritarias se reconoce una situación de hecho que venía ocurriendo con trabajadores que tenían más de 5, 10, 15 años en la administración pública para el mismo cargo que están ocupando en la actualidad. La idoneidad está probada. Si el ingreso tuvo algún vicio de inconstitucionalidad no es por culpa del trabajador, sino del Estado", indicó Barraza.

En este sentido, expresó que "el sindicato facilita al Estado un medio para regularizar una situación que ellos mismos han generado", y citó el fallo Ramos y Sánchez, en el que la Corte Suprema de la Nación declaró como una "desviación de poder" todos los casos por los que se contrata gente para cargos de las reparticiones públicas por otras vías que no son la planta permanente.

La Corte debe resolver el planteo. Foto: Cristian Lozano.

"Indudablemente el fallo ítem aula y las expresiones de Nanclares y Llorente referidas a las negociaciones colectivas nos hacen suponer que se estaría previendo la posibilidad de declarar inconstitucionales estos decretos", consideró el letrado.

Ahora, se deberá esperar a que se defina una corrección interpuesta por el juez Mario Adaro y, luego de esto, la Corte (en plenario) tendrá treinta días para dar su sentencia. Asimismo, debe resolverse la situación del ministro Julio Gómez, que se excusó.

Los decretos en cuestión son los nº 767/15, 771/15, 772/15, 774/15, 775/15, 778/15 y 779/15, refrendados por la ley 8798 promulgada en 2015.

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