Desde la CTA señalaron que "no tienen sensibilidad social"
Lunes, 13 de noviembre de 2017

Por decisión del Enargas, con la anuencia del Gobierno provincial, a los ciudadanos mendocinos se les prohibió participar del paso previo que prevé la Constitución antes de aplicar alguna actualización de tarifa. Los oradores de la CTA cuestionaron la modalidad y solicitaron la nulidad de la audiencia.

Con la firme decisión oficial de aumentar un 40% la tarifa del gas en todo el país, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocó para este 13 de noviembre a la audiencia pública no vinculante que exige la Constitución Nacional, previo a aplicar cualquier ajuste al servicio.

Sin embargo, el Gobierno Nacional diagramó una audiencia en la cual no se garantizaron los principios de participación y deliberación ciudadana previstos en la ley.

Los oradores inscriptos debieron ingresar a un cuarto y exponer ante una cámara, "dañándose la posibilidad de debatir con los responsables de adoptar esta decisión. Pero la situación se agravó aún más cuando a quienes se inscribieron como asistentes se les negó la participación en el evento. Jubilados, trabajadores y ciudadanos afectados por estas subas indiscriminadas debieron permanecer en la puerta de la sede del Enargas", señalaron desde la CTA.

Gustavo Correa, secretario general de la CTA de los Trabajadores en Mendoza, cuestionó los criterios adoptados para aumentar la tarifa, tales como el ajuste por variación en los indicadores del mercado internacional, la variación del precio gas comprado y la revisión quinquenal de tarifas, "todas cuestiones que exceden a los trabajadores y al pueblo argentino".

Acusó al Ejecutivo de "insensible social" y de "saquear a la ciudadanía", promoviendo el "enriquecimiento de los empresarios a costa de los que menos tienen". Recordó que con el proyecto de ley de Presupuesto 2018, el Gobierno pretende fijar un techo de aumento salarial de entre el 10 y el 15 por ciento, provocando mayor pérdida del poder adquisitivo.

A su turno, la senadora provincial electa Natalia Vicencio aseguró que con el esquema propuesto por el Gobierno, los usuarios deberán "pagar los costos de las ganancias de las empresas, que son exorbitantes, desprotegiendo los derechos de los consumidores".

Ambos exigieron la nulidad de la audiencia pública por no garantizar las gestiones mínimas para cumplir con lo dispuesto por la Constitución Nacional.

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