Nuevo plan de viviendas: ¿Se animará Cornejo a bajar ingresos brutos?

Pero el plan, hay que ser claros, no rendirá sus frutos o no tendrá efectos concretos si el resto de las provincias no se allana a realizar una profunda reforma impositiva modificando las alícuotas de ingresos brutos que se les cobra a las entidades financieras.

Bajada a tierra la espuma de optimismo que cubrió al gobierno nacional tras la manifestación a su favor de esa cantidad de gente que acudió a la concentración del último sábado, la administración de Mauricio Macri especialmente y también los oficialismos provinciales como el caso de Alfredo Cornejo en Mendoza, tienen por delante el enorme desafío de responder a ese apoyo espontáneo que se le dio acompañando de una serie de advertencias y condiciones; para empezar poner en marcha el país hacia el crecimiento y la creación de empleos genuinos. Empleos para recuperar lo que se perdió en el año y medio de gestión y ampliar la base paras las nuevas demandas.

Ayer mismo el Gobierno nacional respondió con el anuncio del acuerdo amplio para reactivar la construcción en el país, con la meta puesta en la concreción de 100 mil nuevas viviendas sobre la base de créditos hipotecarios blandos a pagar en 30 años, algo que Macri rescató como un hecho inédito en casi medio siglo.

El plan se basó en acordar pautas entre las entidades financieras (los bancos), el sindicato del sector, la UOCRA de Gerardo Martínez y las cámaras de la construcción que nuclean a las empresas. Quizás como una señal política, Macri sumó al anuncio del acuerdo alcanzado a dos gobernaciones afines y PRO de paladar negro, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que gobierna Horacio Rodríguez Larreta y a la estratégica Buenos Aires de María Eugenia Vidal.

Pero el plan, hay que ser claros, no rendirá sus frutos o no tendrá efectos concretos si el resto de las provincias no se allana a realizar una profunda reforma impositiva modificando las alícuotas de ingresos brutos que se les cobra a las entidades financieras, pero que termina pagando el beneficiario de un crédito hipotecario para comprar, construir o ampliar su casa. El verdadero meollo de la situación está centrado en este impuesto distorsivo que perciben las provincias y que habría sido una de las causas medulares por las que el crédito hipotecario, concebido a gran escala, prácticamente desapareció del menú de préstamos que los bancos ofrecen en el país.

También el acuerdo amplio para la construcción incorpora aspectos especiales y novedosos que impactan de lleno en la relación sindicatos-empresas y que se pusieron en práctica como ensayo en los relanzamientos de la actividad petrolera en Vaca Muerta y en el sector automotriz. Esto es central, porque si los gremios no hubiesen accedido a flexibilizar sus demandas y reclamos, es poco probable que hubiese existido al menos una luz de esperanza para poner en marcha tales actividades económicas, recuperar los empleos perdidos y avanzar en la explotación de recursos que pueden encender el motor de la economía, o al menos hacerlo arrancar.

Macri se ufanó en el anuncio en el hecho de que vuelven los créditos hipotecarios a pagar en 30 años con tasas de interés diferenciadas en las entidades públicas, como el Banco Nación, el Banco Provincia de Buenos Aires y el Banco Ciudad. Paulatinamente se deberían incorporar el resto de los bancos privados. La UOCRA se comprometió a realizar cursos de capacitación de sus afiliados preparándolos para el nuevo desafío con el objeto de hacer descender los altos niveles de accidentes de trabajo que tiene la actividad. Las empresas se comprometieron a bajar sus pretensiones, a construir mejor y a disminuir los precios.

Pero para que el operativo cierre y sea exitoso, tienen que ingresar los gobiernos provinciales forzando una disminución de lo que cada jurisdicción cobra por ingresos brutos. Mendoza analizaba ayer la situación en el Ministerio de Hacienda y la Cámara de la Construcción recibía los detalles del plan para sacar en breve algunas conclusiones.

"Estamos en pleno análisis", se excusó una fuente de Hacienda en Mendoza. Eso significa, además, que hay cautela en el gobierno por el temor a que la nación lo presione a realizar una baja fuerte del impuesto que pueda desembocar en problemas de financiamiento presupuestario.

En Mendoza, las entidades financieras son las que deben tributar por ingresos brutos sobre los intereses que cobran en los créditos que otorgan. Pero es el beneficiario del préstamo quien, en definitiva, absorbe el impacto. La alícuota es del 6 por ciento. En otras provincias asciende hasta el 8 por ciento. Ese cargo, sumado a los seguros y a los gastos administrativos termina por conformar el valor final de lo que el usuario finalmente paga.

Es en ese 6 por ciento en donde la provincia debe realizar un ajuste y es lo que genera dudas, no sólo en el Estado mendocino, sino en el resto de las provincias. Ese es el desafío que tiene Cornejo: ordenar un ajuste de la alícuota del impuesto, si en verdad pretende que este plan tenga efecto en Mendoza.

Y es allí en donde se tiene que agudizar el ingenio, porque una cosa es avanzar como lo ha hecho combatiendo los bolsones improductivos que dice haber encontrado desde que se hizo cargo del gobierno y otra distinta es asumir que tendrá menos recursos para acomodar un presupuesto que obligue a sus funcionarios a ser más eficientes. Más cuando, indefectiblemente en años electorales el gasto público tiende a expandirse por la mano suelta de la demagogia de cabotaje.

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