Las denuncias por los casos de abuso en el Instituto Próvolo generaron una infinidad de repudios, y distintas propuestas surgieron desde varios sectores políticos y sociales. Una de ellas fue la impulsada por la ex diputada nacional Myriam Bregman (FIT-PTS) y consiste en "derogar los privilegios de la Iglesia Católica". A partir de aquí, la pregunta es la siguiente: ¿cómo es el financiamiento del Estado a la Iglesia Católica?
La sede del Arzobispado mendocino. Foto: Cristian Lozano.
El artículo 2 de la Constitución Nacional es el que ampara al resto de las decisiones del Poder Ejecutivo en este tema. Desde la llamada ley madre nace un conjunto de otras normas (la gran mayoría promulgadas durante dictaduras) que garantizan un beneficio oneroso para la Iglesia, ya sea por transferencia de dinero o por exenciones de impuestos (IVA y Ganancias).
En 1966, con Juan Carlos Onganía como presidente y Nicanor Costa Méndez al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (en la Guerra de Malvinas ocupó el mismo cargo), se sancionó la Ley 17032 que creaba un acuerdo entre el Vaticano y la República Argentina. El mismo establecía algunas libertades de acción para la Iglesia .
En el inciso c del artículo 146 del Código Civil y Comercial se acompaña, de alguna manera, esa decisión. En este ítem se considera a la institución católica como una "persona jurídica pública", es decir, se la ubica al mismo nivel que un Estado.
Entre 1979 y octubre de 1983 se publicaron las leyes 21950, 22950, 22162, 22430 y 21540, que explicitan el monto de asignaciones para obispos, seminaristas, parroquias de frontera y salarios vitalicios a distintos tipos de religiosos. Así, por ejemplo, un obispo cobra el 80% del sueldo de un Juez Nacional de Primera Instancia (que recibe de básico 77 mil pesos).
El detalle del apartado de la Secretaría de Culto en el Presupuesto 2017.
En el Presupuesto 2017, recientemente aprobado, se detalla una pauta de gastos para la Secretaría de Culto que asciende a $169.780.833. De este total, se asiste financieramente a 140 arzobispos/obispos, 640 sacerdotes y 1200 seminaristas.
Por otro lado, hay cerca de $100 millones destinados a la restauración de basílicas e iglesias y, además, hay subsidios específicos a las escuelas religiosas. En el caso del Próvolo, la Dirección General de Escuelas le paga el salario a 15 profesionales.
