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Audiencia pública: mitos, realidades y un desafío

La Corte es clara en su dictamen, se debe discutir el precio del gas en boca de pozo y explicar el porqué del incremento. Sin embargo, el macrismo convocó a debatir cómo influye ese precio en la tarifa final. Una sutil diferencia que le permite a los gerentes seguir ocultando el dato más crucial:la razón del aumento de un 100 por ciento el valor que se les paga a las compañías, transformándolo en un precio con pocas referencias en el mundo.

Por Marcelo López Álvarez

La audiencia pública del 16 de septiembre a la que llamó el Gobierno Nacional, será uno de los grandes momentos de este año. Por torpeza propia, que no puede atribuir a ninguna herencia, el Ejecutivo llega en desventaja.

Solo la ya indisimulable ignorancia política del grupo de CEOS, sobre los cuales Mauricio Macri parece recostar sus decisiones más trascendentales, puede ser capaz de meter al Ejecutivo y al proyecto de gobierno en un embrollo de estas magnitudes.

La Usina del Arte tendrá más flashes apuntándola que el día que la visitó Barack Obama. No hay forma de que todos los medios y los actores políticos y sociales no pretendan sacar un gran rédito de la audiencia dejando al Gobierno que balbucee las explicaciones exigidas, nada más y nada menos, que por el Tribunal Superior de la Nación.

El gobierno también, otra vez solo por la torpeza o el afán de negocio de los CEOS, está al borde de recibir cuestionamientos desde la misma matriz de la audiencia obligada. La Corte es clara en su dictamen, se debe discutir el precio del gas en boca de pozo y explicar el porqué del incremento. Sin embargo, el macrismo convocó a debatir cómo influye ese precio en la tarifa final. Una sutil diferencia que le permite a los gerentes seguir ocultando el dato más crucial:la razón del aumento de un 100 por ciento el valor que se les paga a las compañías, transformándolo en un precio con pocas referencias en el mundo.

El nuevo valor en boca de pozo representa para las compañías petroleras amigas del Ministro de Energía un "plus" de unos 3000 millones de dólares anuales que saldrán del bolsillo de ciudadanos, pymes, comercios, industrias, etc.

El fallo de la Corte, como ya lo hemos explicado, es una obra de la política (la misma que le falta a gran parte de los funcionarios), reta al gobierno, lo expone a una "sanguinaria" audiencia tardía con los actores sociales sublevados, pero le deja la puerta abierta para aplicar el aumento cuando cumpla con los requisitos legales. A los usuarios les quedará la vía de reclamar por el carácter confiscatorio y violatorio del derecho básico a los servicios, sobre el cual la Corte ya opinó en el fallo. Sería ya una extrema torpeza del Ejecutivo si no interpreta el mensaje de la Corte;"Pueden aumentar, pero háganlo con legalidad y racionalidad".

El más grave problema que tiene el Gobierno -y por eso quizás le rehúya tan evidentemente- es justificar esta nueva transferencia de recursos de los ciudadanos y consumidores a las cuentas bancarias de las empresas.

Un informe conocido el fin de la semana pasado del IESO (Instituto de Energía Scalabrini Ortiz) de impecable factura técnica, destruye los argumentos del Ejecutivo Nacional y debería ser tomado como material de cabecera para quienes pretenden torcer la historia en la Audiencia Pública.

El trabajo destaca que antes de la Resolución 28 del Ministerio de Energía, que es la que fija los 5 dólares por millón de BTU, los productores recibían un precio promedio de 2,60 dólares, lo que ya era un 30% superior a los valores que reciben los productores (en muchos casos las mismas compañías) en Estados Unidos o Canadá.

Los especialistas del IESO también desenmascaran algo que el lector de esta columna ya conoce y que el Gobierno oculta. Es mentira que el desmedido aumento propuesto para el gas sea por la quita de subsidios, la razón es el brutal aumento del 100 % en el valor de boca de pozo que explica casi el 70 % de lo que el usuario paga en su factura. De esta manera la incidencia de la quita de subsidio es más que menor en la composición del aumento.

En resumidas cuentas es una afirmación, por lo menos engañosa, que las tarifas se disparan por la quita de subsidios. Se elevan a los cielos por una nueva y fenomenal transferencia de recursos a los sectores concentrados del poder económico.

Los especialistas del IESO también descartan que el ajuste tarifario garantice las inversiones que promete el Gobierno, ya que al otorgar el aumento no hay ninguna cláusula que obligue a las compañías a realizar inversiones o exploraciones para cobrarlo. En todo caso, si alguna compañía intenta invertir en gas nuevo, lo hará bajo el régimen promovido por el anterior gobierno -y que no fue derogado- que paga 7,5 dólares por millón de BTU, pero solo por gas nuevo no convencional, o sea el extraído de nuevas exploraciones y producciones.

Junto con esto, aportan otro interesantísimo dato acerca de la frase hecha que repiten hasta el hartazgo funcionarios y periodistas obsecuentes o muy poco informados. Si hay algo que es inverificable es el "derroche porque era barato". Los datos estadísticos suministrados por las mismas compañías marcan que los promedios de consumo de los usuarios residenciales se mantienen en una meseta estable desde el año 2000. Lo que sí hubo, fue un fortísimo crecimiento de calidad de vida mediante la ampliación de la red de gas natural que saltó de 5 a 8 millones de usuarios residenciales.

A la misma conclusión llegan los especialistas con afirmaciones como que el precio que se paga en la Argentina por el gas es el más barato del mundo. Si se realizan comparaciones serias, nada más alejado de la realidad. El cotejo debe hacerse con países similares a la Argentina, o sea productores de gas, así por ejemplo el consumidor residencial de Canadá paga por el gas 1,80 dólares por millón de BTU y en Estados Unidos 2,07 dólares, es decir un poco menos del 50% de lo que se pretende imponer en la Argentina.

Con estos datos sencillos -que son apenas la punta de lo que no se dice ni se cuenta- se entiende la cerrazón y falta de interés en explicar y la propensión de los gobernadores cercanos al Gobierno (como en el caso de Mendoza) de intentar bajar los decibeles de las participaciones provinciales.

La movida convocada desde la oposición en la Legislatura Provincial fue una foto perfecta de la situación preocupante, por no decir grave, de Pymes, industria, comercio y hasta de servicios en la provincia, a partir del parate del consumo y la disparada de las tarifas. Todos prometieron, a pesar del desinterés del oficialismo, intentar participar y llevar la situación mendocina a la audiencia pública.

El 16 será un test importante para el Gobierno, pero también lo será para la oposición y los sectores productivos que deberán mostrar claramente a la sociedad la verdadera afectación de las políticas aplicadas en los últimos meses, ante el discurso de la herencia recibida que comienza a agotarse definitivamente.

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